El concurso de los privados a la vacunación
El Gobierno nacional ha venido sorteando, junto con las administraciones departamentales y municipales, y con el concurso fundamental de las entidades que componen el sistema de salud, el muy complejo proceso de vacunación contra el covid, que apunta, según los planes iniciales, a lograr inmunizar a un porcentaje de la población suficiente para alcanzar el punto de la denominada “inmunidad de rebaño” antes del año entrante.
Según datos revelados esta semana por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el Gobierno ha comprado más de 66 millones de dosis a distintos laboratorios farmacéuticos. La adquisición de ellas hasta ahora ha estado a cargo exclusivamente del Gobierno, cosa comprensible tratándose de la gestión de una política pública de salud que apunta al control de una pandemia que afecta a toda la población, en cualquier región y en cualquier circunstancia, por lo cual el interés público de todo el proceso es evidente.
El pasado 29 de enero, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, definió y dio alcance al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, en el cual se establecieron las etapas, los grupos prioritarios para ser vacunados y las competencias de las autoridades para cumplir la logística que asegure la vacunación progresiva de toda la población.
Aunque de la mano de la ciencia médica y de la realidad diaria de los hospitales ha sido posible determinar quiénes deben ser los primeros en ser vacunados (personas mayores de 80 años, aquellos con factores de riesgo o comorbilidad, personal de la salud y servicios conexos con exposición a ser contagiados), no deja de ser una tarea de la mayor complejidad (sanitaria, social, incluso política) establecer la escala de prioridades en una sociedad donde tantos sectores consideran que, sea el motivo que sea, tienen “derecho” a que se les ubique de primeros en la fila.
En medio de todo este reto sin antecedentes en muchas décadas -las vacunaciones en el país hasta ahora eran sectoriales o territoriales- está sobre la mesa la propuesta del sector privado, a través de sus gremios, para participar en el proceso, no en una acción para “privatizar” la política pública de vacunación, sino para coadyuvar y sumarse a los esfuerzos del Estado. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Bruce McMaster, reiteró esta semana que “el monopolio excepcional y temporal del Estado sobre las vacunas solo se justifica en razón de que la mismas han sido escasas en el inicio; una vez se supere la escasez y se puedan obtener vacunas en los mercados internacionales, no se justifica limitar su acceso”.
Esta es una posibilidad que el Plan Nacional de Vacunación contempla (Decreto 109 de 2021, art. 26). Y que debe autorizarse, sin temor a que algunos malinterpreten que esto abre vías a la exclusión de sectores de población, pues el objetivo no es ese. Es sumar esfuerzos a un objetivo común, a una política pública de inmunización; no es para imponer preferencias por razones de capacidad económica o para “comprar turnos” y dejar a otros sin sus dosis. Las prioridades ya están fijadas en el Plan Nacional y lo que se puede lograr con la participación del sector privado, una vez la vacuna no sea escasa en el mercado, es asegurar una más rápida cobertura de amplios sectores que, con ella, podrán normalizar actividades y proyectos de vida que hasta ahora han estado detenido