Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad y más aun al Estado de Derecho es el deprimente espectáculo que hoy se observa alrededor de la justicia colombiana, la cual la han parcelado de manera peligrosa llevándola al terreno de la confrontación política con consecuencias insospechables.
En sus decisiones lamentablemente ya no prima la realidad procesal, el acervo probatorio, el sano juicio y la crítica de las pruebas, y el apego de la ley. Hoy se le da riendas sueltas al odio o a las simpatías, todo producto de que de un momento a otro decidimos llevarla la justicia del lado de los que quisieron venganza y retaliación.
Nos referimos desde luego al caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, de quien no pretendemos – ni más faltaba!- ser sus defensores de oficio. Solito él se defiende. Y lo ha hecho de tal manera que su caso ha dejado al descubierto el grado de penetración y pestilencia que hay en la justicia, donde el más alto tribunal de la rama ha sido permeado por los intestinos intereses políticos con los cuales se encuentra enfrentado el expresidente.
Este país debe reaccionar contra aquellos que no respetan las decisiones judiciales, que se apartan de ellas y cuestionan al operador cuando no se pliegan a sus intereses. La justicia no puede estar al servicio de la oposición ni de los gobiernistas. La justicia no puede fallar conforme a la voluntad y querer del senador Cepeda y de sus amigos. Y lo peor de todo es que nos quieren hacer ver a los colombianos que no hay justicia cuando no se atiende sus intereses o que cuando la hay esta se tuerce
Esta especie de canibalismo que estamos observando renace y nos demuestra que están vivas aquellas viejas épocas de violencia bipartidista que creíamos superadas. Pero más allá de ello lo que el país peligrosamente está transitando es el que la justicia esté al servicio de la política, de ideologías y del extremismo, sea de donde viniere.
Lo que ha sucedido simplemente que el fiscal del caso consideró que el proceso preliminar que la Corte llevaba contra Uribe, en donde no había fallo alguno ni calificación final de delito como tampoco llamado a juicio, no tenía mérito para seguir adelante. No más. Es una actuación judicial común y corriente. Y se equivocan quienes sostienen que la Fiscalía controvierte una decisión de la Corte, pues nunca la hubo sobre el caso Uribe, simplemente se llevaba allá una investigación preliminar que no concluyó porque el caso pasó a la Fiscalía y en esta se siguió adelante con el expediente, determinando ahora que no hay mérito para acusar, así de sencillo.
Pero los enemigos de Uribe solo existe para ellos dos condiciones: muerto o preso. Y mientras no logren alguno de los dos propósitos no importa que se lleven al país y sus instituciones por los ´cachos´ como se dice en el argot popular. ¡No hay derecho!.
La Fiscalía fue clara en su comunicado cuando dijo: “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe´. Es por ello que su coordinador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, a quien le fue encomendado el expediente de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal, pidió a un juez convocar audiencia en la que el ente acusador propondrá precluir ese proceso, es decir, archivarlo y cerrar el proceso penal. El plazo que tenía la Fiscalía para definir la situación jurídica de este proceso vencía el viernes y se actuó dentro de los términos legales.
Pero recordemos que lo que se busca es presionar a la justicia a como dé lugar. Saben y son conscientes que no acaba aquí esta investigación. La Rama Judicial deberá designar por reparto un juez que convoque la audiencia, la realice, dirija las intervenciones de la Fiscalía –ocasión en la cual esta entidad deberá sustentar por qué pide precluir la investigación– los defensores del expresidente, la Procuraduría y quienes han sido aceptadas como eventuales víctimas en el proceso. Estas últimas agotarán toda su artillería jurídica, política y mediática para insistir en que el proceso contra Uribe siga su curso.
No es gratuito que en su comunicado, la Fiscalía haya exhortado a la ciudadanía “a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.
Este proceso, así como todos los demás que tienen como protagonista al expresidente Uribe, desata viscerales reacciones, y la politización ha sido inevitable, tanto por parte de sus contrincantes como de sus partidarios. La justicia ha quedado en medio, muchas veces zarandeada por acusaciones de parcialidad y los sesgos ideológicos. Ese es el país que quieren dejarles a las actuales y futuras generaciones de colombianos.