¿Y quién los certifica a ellos?
La odiosa política de certificaciones que anualmente hace los Estaos Unidos en materia de lucha contra las drogas, derechos humanos, defensa de la democracia y libertad de expresión, no solo han terminado siendo odiosas y una inaceptable injerencia en los asuntos internos de las naciones; sino que ahora el balde se les devuelve y es hora en que comiencen a trapearse la cara después de todo lo que ha acontecido con su sistema democrático y el deprimente espectáculo y mensaje que enviaron al mundo entero.
Es así como quedaron sin autoridad moral y política para censurar o descalificar procesos electorales de cualquier naturaleza, empezando porque el de ellos mismos fue desacreditado y de qué manera. En la mayoría de sus estados no solo se cultiva y produce marihuana, sino que la han legalizado obteniendo millonarios recaudos en el pago de impuestos, que es al final lo que les interesa.
Recientemente se conoció el informe de certificación del Departamento de Estado de EE.UU. a Colombia por su lucha contra las drogas debe leerse con la seguridad y convencimiento de que el país hace los mayores esfuerzos y sacrificios mundiales, en términos de vidas humanas, costos financieros, ambientales, políticos y sociales para liberarse y liberar al mundo de este flagelo global.
En este contexto, el gobierno del presidente Joe Biden, con una nueva visión multilateral, anima al congreso de su país y la comunidad internacional, a que como corresponsables en el problema, aporten los recursos que sean del caso y contribuyan con el gobierno colombiano en la guerra por acabar con los cultivos ilícitos, laboratorios, tráfico de estupefacientes, armas y desmantelamiento de los grupos transnacionales que se nutren de ese negocio, muchos vinculados al terrorismo local e internacional, con apoyo de algunos Estados.
El monitoreo que EE.UU. hace del combate local contra el narcotráfico le permite concluir que los logros del gobierno Duque en 2020 fueron sorprendentes, los mayores en 10 años, pese a la crisis derivada del coronavirus.
De resaltar algunas de las cifras del informe: erradicación forzosa de 130.000 hectáreas de coca, decomiso de 579,9 toneladas de cocaína, 22.868 toneladas de precursores químicos sólidos y cinco millones de galones de insumos químicos líquidos; apertura de 1.157 procesos judiciales, condena de 770 personas por tráfico de drogas y extradición de 82 delincuentes.
A pesar de ello, como lo denunció ayer la DEA, el mercado de la droga colombiana no varió en 2020 y sigue intacto en las calles de EE.UU.
La certificación es clave para que EE.UU., libere el 20 % del aporte anual, US$25 millones, para la lucha contra las drogas en Colombia.
En 2018 ambas naciones ratificaron su alianza de Diálogo de Alto Nivel para ampliar su cooperación antinarcóticos con la meta, a cinco años, de reducir de manera sostenible la producción de cocaína y el cultivo de coca al 50 %, con respecto a los niveles de 2017.
Para avanzar en este objetivo el nuevo texto de certificación del gobierno demócrata propone la adopción de una estrategia integrada de erradicación que incluye una fumigación aérea dirigida, de alta precisión -como lo señala la Corte Constitucional- para reducir al máximo las afectaciones a la salud, medio ambiente, recursos naturales, bienes y entornos vecinos.
El respaldo al país se da con nota de advertencia, no por la fumigación, sino por el acuerdo de paz, que tuvo el beneplácito del expresidente Barack Obama, con Biden como su vicepresidente, el cual fija una política en el manejo de las drogas que no pasa ni preferencial ni prioritariamente por las fumigaciones, sino por la sustitución de cultivos ilícitos y la atención integral del fenómeno.
Es tarea del país continuar avanzando y profundizando en su política de desarrollo de los acuerdos de paz, claves en la lucha contra las drogas, con consensos locales y regionales; apoyo, sustitución de cultivos y consolidación de la presencia institucional, soportada en seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura, que dignifique la vida para las comunidades de las regiones más apartadas, principales víctimas de la guerra que libran en sus territorios residuos guerrilleros bandolerizados, cartelizados, en alianza o enfrentados con mafias locales e internacionales por el control del narcotráfico.
Distintos analistas consideran que es tan grave la producción y distribución de las drogas, como su demanda y consumo, que son las que terminan haciendo atractivo el negocio. El mensaje es a no claudicar en esta lucha que deja víctimas, desgracias y frustraciones en todos los países y estratos sociales. La corresponsabilidad es absoluta, no admite peros o señalamientos en el ojo ajeno