Para algunos, ante la crisis actual en Venezuela, Nicolás Maduro solo tiene dos opciones de residencia: el palacio presidencial de Miraflores o una celda en una cárcel incierta. Si deja el poder, como lo exige la oposición liderada por Juan Guaidó con el respaldo de cerca de 50 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia, el sucesor de Hugo Chávez se vería frente a un juicio por crímenes contra la humanidad.
Así lo aseguran los Estados miembros del Grupo de Lima y los abogados del Bloque Constitucional de Venezuela, los cuales solicitaron esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación por este tipo de delitos.
De ser admitida, un cambio de gobierno no sería suficiente para cerrar la disputa en Venezuela. El punto final solo podría ponerlo el máximo tribunal internacional, al responder si el bloqueo de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, la represión a las protestas de 2014 y 2017, entre otros hechos, fueron ordenados desde el poder chavista y, por lo tanto, constituyen una ofensa que el mundo no puede permitirse perdonar.