“El camino es ofrecer alternativas a los campesinos, no envenarlos”: Santos
El expresidente Juan Manuel Santos criticó la posibilidad planteada por su sucesor, Iván Duque, de que se retome el uso de glifosato para la lucha contra los cultivos ilícitos.
Durante el debate sobre la suspensión del uso de este herbicida, convocado por la Corte Constitucional, el exmandatario dijo que “la única forma de combatir los cultivos de hoja de coca es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades en la economía legal. En segunda instancia, sería un error volver a la aspersión con glifosato por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente”.
Santos, quien como presidente aplicó la sentencia de la Corte Constitucional que suspendió el uso de glifosato por sus riesgos para la salud, agregó a través de Twitter que “el único camino para obtener resultados permanentes es ofrecerles a los campesinos cocaleros alternativas viables, no envenenarlos, ni meterlos a la cárcel”.
Enfrentamiento de posturas
La intervención de Santos fue posterior a lo señalado por el presidente Duque y su gabinete en la mañana de este jueves. El gobierno solicitó a la Corte Constitucional modificar su sentencia de 2017 y no descartar el uso de glifosato para enfrentar el aumento de cultivos ilícitos en el país.
El mandatario actual afirmó que no desconoce los argumentos de la Corte, pero invitó a los magistrados considerar los efectos en la salud y en la criminalidad del aumento del narcotráfico que, a juicio del Ejecutivo, estaría relacionado con la suspensión de las aspersiones con glifosato.
Esta versión es negada por el anterior mandatario. Santos argumentó que más fumigaciones no son iguales a menos cultivos ilícitos: “Entre 2008 y 2013 la aspersión bajó y la producción también. El año 2013 ha sido el de más baja producción de este siglo. Estas cifras dicen que no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción”, afirmó.
En 2018, según cifras oficiales, la cantidad de hectáreas de cultivos de coca llegaron a 206.000, según datos del gobierno basados en estudios de Naciones Unidas.