Lo decía la revista The Economist hace unos meses, después de la crisis van a persistir profundos desequilibrios en diferentes cuentas en todas las economías. En el caso del sector público, después de las ayudas y estímulos indispensables para superar los efectos de los confinamientos sobre empresas y hogares vulnerables, queda una elevada deuda pública. En el caso de Colombia, esta última alcanzó, en 2020, el 68 % del PIB.
Es claro que la deuda colombiana está en un valor límite y honrarla implica una restricción importante en las finanzas públicas. El alto nivel de la deuda hace que la economía colombiana sea frágil y es un tema que se debe resolver. De otra parte, la economía está en recuperación, pero con mucha incertidumbre externa e interna que solo se puede mitigar si se controla la pandemia, con campañas de vacunación exitosas.
En esas condiciones, 2021 deberá ser un año de transición. El esfuerzo inmediato es la consolidación de la recuperación económica y el control de la pandemia. Al tiempo, hay que reparar las finanzas públicas después de la presión a la que están siendo sometidas. De esa forma, el Gobierno puede solucionar la disyuntiva que tiene entre controlar el crecimiento de la deuda o financiar la reactivación y retomar el impulso que traía la economía en 2019, cuando crecía a tasas superiores al 3 %.
Como lo advierte el FMI (Colombia: declaración al término de la misión sobre la consulta del artículo IV de 2021), en aras de la recuperación, es conveniente que la política monetaria siga siendo expansiva y también que no se retiren medidas fiscales de forma inmediata que permiten preservar vidas y medios de subsistencia. Habría que preservar y, posiblemente, extender los auxilios a los hogares pobres y fondear el proceso de vacunación. Las ayudas a las empresas podrían suprimirse gradualmente, en la medida en que la recuperación de la economía se concrete.
Dicho esto, es conveniente subrayar la importancia de alcanzar gradualmente la consolidación fiscal. En esa línea, es urgente un plan fiscal que asegure la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas para restablecer una meta de déficit estructural. Es volver a la disciplina fiscal con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero de forma paulatina.
El Gobierno está tomando medidas en la dirección de aliviar las finanzas públicas. La venta de ISA a Ecopetrol es una de ellas y permitirá conseguir recursos frescos, que en principio no deberían financiar gasto corriente. Igualmente, el plan de austeridad del gasto que se anunció recientemente puede facilitar que se cumpla con el ajustado presupuesto de la Nación para la vigencia 2021.
Sin embargo, la solución en el mediano plazo para el endeudamiento público es un compromiso con la disciplina fiscal; de una parte, con la restauración de la regla fiscal, pero también con el aumento duradero de los ingresos que evite tener que acudir de forma reiterada a reformas tributarias que se erosionan rápidamente.
Para lo anterior, como han advertido muchos analistas, se requiere incrementar progresivamente el recaudo tributario del Gobierno central. Es necesaria una reforma en esa dirección que esté apoyada en los pilares de ampliar la base del impuesto de renta a las personas naturales, reducción de las exenciones de IVA y eliminación de regímenes preferenciales para las empresas. Faltaría conocer el alcance real que va a tener la reforma tributaria que se está anunciando, para juzgar si va en la dirección correcta.