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Aceptada renuncia de Directora de la Agencia de Seguridad Vial

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Hasta el 20 de marzo estará en la dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Hilda María Gómez, tras haber presentado su renuncia al cargo y que fuera aceptada por el Ministerio de Transporte.

La funcionaria, quien llegó al cargo el 28 de agosto del año pasado, argumentó que su salida de la entidad se da por motivos personales, profesionales y académicos.

“La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aceptó la renuncia de la funcionaria y destacó la labor, dedicación y esfuerzo en el servicio a los ciudadanos para implementar programas relacionados con la disminución de la siniestralidad vial en el país”, destacó la cartera de Transporte en una comunicación.

Una vez se haga efectiva la renuncia de la funcionaria, en su reemplazo será designado, de manera provisional, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos Romero.

“Los proyectos, iniciativas y planes de ejecución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se mantendrán en desarrollo con la firme intención de garantizar la consolidación de la seguridad vial en Colombia”, concluyó el MinTransporte.

La salida de Gómez se da en medio de la polémica que ha generado en las últimas semanas la reglamentación que alista el Gobierno Nacional sobre los cascos para motociclistas y de la cual tampoco se tienen detalles sobre cómo operará.

Por su parte, Caracol Radio informó que hay inconformidad dentro de la Agencia por varios contratos, de los cuales ha conocido dos. Las denuncias afectan a la saliente directora y a Juana Patricia Caicedo Gutiérrez, secretaria general de la Agencia.

El primer caso tiene que ver con el arrendamiento de la sede de la Agencia de Seguridad Vial, que está en el piso 9 del edificio Esfera, al occidente de Bogotá. La denuncia se refiere a que el 19 de noviembre de 2018, el comité de contratación había aprobado firmar un contrato de arrendamiento por casi cuatro años (diciembre de 2018- a junio de 2022), con monto total de 8.448 millones de pesos.

Sin embargo, la directora desconoció esa recomendación y firmó un contrato por solo un año, en $198 millones mensuales, es decir $2.376 por año. Si se tiene en cuenta los incrementos ordenados por la ley que se aplicarán cada año dependiendo de la inflación, en esos casi cuatro años se presentaría un mayor gasto adicional del orden de los 1.000 millones.

La segunda denuncia tiene que ver con un contrato para el seguimiento de los ingresos de la Agencia: que llegan de las escuelas de conducción, del SOAT, de los Centros de Reconocimiento de Conductores y de los Centros de Diagnóstico Automotriz. La actividad central sería hacer vigilancia a la operación de más de 2.000 establecimientos en el país.

La entidad que demostró tener la capacidad de adelantar este proceso de vigilancia es el RUNT, el sistema de información llamado Registro Único Nacional de Tránsito, que además ofrecía hacer una revisión hacia el pasado, para establecer las deudas exactas que tenían con la Agencia de Seguridad Vial. El valor que cobraba el RUNT por ese contrato era de $1.400 millones.

La denuncia se refiere a que, en lugar de ese negocio, se hizo un contrato con un particular: Rodrigo Vélez Jara. Vélez trabaja sólo con dos asistentes, sin que resulte claro que ese equipo tiene la capacidad para controlar tal cantidad de establecimientos por todo el país. A esto se suma que el contratista va a recibir mensualmente $ 19.500.000, honorarios más altos de lo que le pagan al contratista más calificado de la entidad, que es el general Rodolfo Palomino, exdirector general y exdirector de tránsito de la Policía Nacional. Todo parecería un contrato para hacerle un favor a alguien.