Erradicación de cultivos: la estrategia no funcionará
Acaba de conocerse un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el aumento en los cultivos ilícitos, más concretamente de coca en muchas zonas del país. No muy bien se ha digerido el informe cuando el Gobierno Nacional ha respondido reiterando que se reforzarán las acciones de erradicación forzosa y la sustitución de los mismos.
Emilio Archila, consejero presidencial para el Posconflicto salió a defender lo que el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho con la estrategia para atacar con contundencia el narcotráfico. No obstante la oficina encargada de la ONU sostiene que lo que se ha comprobado es un desbordado aumento en los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia. “Nos preocupa ese aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína”, señaló Viroj Sumyai, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el informe anual de este organismo presentado en Viena.
Recordemos que la meta de exterminio que se impuso el mismo gobierno para 2019 fue de 100.000 hectáreas de narcocultivos, 30.000 más que el año pasado, lo cual representa un incremento de casi 43 por ciento.
La erradicación de 40.000 hectáreas es responsabilidad del Ejército; otras 40.000, de la Policía Antinarcóticos y se espera acabar con otras 20.000 hectáreas a través del programa de erradicación voluntaria. No hay dudas que estamos ante una tarea titánica, si se toma como base que la resiembra está sobre el 35 por ciento, y el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci de Naciones Unidas, detectó 171.000 hectáreas sembradas con matas de coca en Colombia en su último informe que corresponde al 2017. Además, la capacidad de producción de cocaína llegó a la cifra histórica de 1.379 toneladas, por eso para el presidente Iván Duque es elemental atacar la base de la cadena ligada al narcotráfico, que es la producción.
Para apoyar la labor de los uniformados el Gobierno dispuso de $ 80.000 millones para contratar 2.100 civiles que llegarán a integrar 100 Grupos Móviles de Erradicación Forzada, los cuales actúan en las zonas priorizadas de: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Antioquia, Guaviare, Meta, Bolívar y Córdoba. Los expertos han comprobado que la tecnificación de los narcotraficantes ha permitido un incremento en la producción de base de coca por cada cosecha, al pasar en 2015 de 6 kilos a 8 o 10 kilos de base en 2018. En las zonas priorizadas se tuvieron en cuenta las cosechas que se están logrando por año, las cuales varían, por ejemplo, mientras que en la región de la Orinoquía se obtienen 5,3 cosechas, en la región del Catatumbo se logran 4,4 cosechas.
Se había dicho que el posconflicto traería enormes beneficios para todos los sectores del país. Eso no parece estar ocurriendo con los bosques de Colombia. De acuerdo con la Policía Antinarcóticos, la deforestación ha sido uno de los fenómenos más dramáticos después de la desmovilización del grupo guerrillero de las Farc para convertirse en partido político, pues en esos territorios se dispararon los cultivos de coca.
Según las cifras oficiales, solo durante 2017, el país perdió 600.000 hectáreas que se han dedicado a los cultivos ilícitos, lo que corresponde a una tasa de 120 hectáreas por día. Esto causa además la pérdida de entre 96 y 120 especies arbóreas, de las cuales 30% tienen potencial comercial, y que son equivalentes a 150 metros cúbicos de madera por hectárea; una hectárea de coca requiere de 1,4 hectáreas de bosque, que tarda 250 años en recuperarse por completo.
La Policía Antinarcóticos advirtió que “a Colombia le cuesta entre 380 y 450 toneladas de biomasa por hectárea de coca sembrada, lo que afecta directamente generación de CO2 con alto potencial como gas generador del calentamiento global y que tiene como fuente de importancia los cambios en el uso del suelo”.
Estamos entonces ante otro fracaso que le están vaticinando al país, porque como van las cosas es improbable que se cumplan los objetivos de la erradicación en materia de cultivos ilícitos.