Alertan sobre una posible masacre laboral en la UPC
POR NINOSKA REYES URDANETA
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu-Cesar, ha encendido las alarmas ante una inminente masacre laboral, que entre el personal docente ocasional, se podría estar gestando en la Universidad Popular del Cesar, en respuesta a lo establecido por el Acuerdo 006 del 23 de abril del 2018, emitido por el Consejo Superior Universitario.
Por tal motivo, la asociación sindical emitió una carta al rector de la UPC, José Rafael Sierra, solicitando suspender las disposiciones, ya que varios profesores, que históricamente han estado vinculados a la universidad, se encuentran con máxima preocupación, por el riego de quedar automáticamente desvinculados de la institución a pesar, se haber entregado por largo tiempo su fuerza de trabajo a la universidad.
Roosevelt Carrillo Martínez, presidente de ASPU-Seccional Cesar, informó que de materializarse la desvinculación, a razón de lo estipulado en el acuerdo por el cual se establece el reglamento de vinculación de los docentes ocasional y catedrático de la UPC, muchas familias quedarían en extrema desprotección en medio de una crisis social y laboral producida por la pandemia a causa del Covid-19.
Aseguran en la misiva enviada al rector, que “si la institución ejecuta esa masacre laboral, lo único que logrará será demostrar la deshumanización total del cuerpo administrativo, de su rector, sus vicerrectores, decanos y la total ausencia de empatía por estos seres humanos y compañeros de diario vivir. Tal vez la legalidad los ampare, pero no así, la capacidad humana de tener sensibilidad por las necesidades de los compañeros del cuerpo docente”.
En tal sentido, Carrillo Martínez, exhorta al Consejo Académico, a aplazar el posible despido del personal docente, hasta tanto sea superada la situación económica, que vive el país y el mundo por el Covid-19.
Explicó que el Acuerdo 006 reglamenta la relación laboral entre la UPC y los profesores, y entre otras cosas, especifica que para darse la vinculación, cuyo contrato de hace cada 4 meses, el profesor debe tener como mínimo un título de postgrado.
Este problema lo enfrentan alrededor de 50 docentes de las sedes de Aguachica y Valledupar, quienes en su mayoría iniciaron el proceso de preparación académica, pero a causa de la pandemia, todo se paralizó y no se ha podido cumplir con el requisito, sobre todo para las personas que viajaban a las universidades de Venezuela y no se han podido trasladar por el cierre de la frontera.
Hasta ahora el rector de la UPC, José Sierra, no ha respondido, por lo que los afectados convocarán una asamblea para tratar el tema y en la que se espera una respuesta de la autoridad universitaria.
DEVOLUCIÓN DE TÍTULOS MINEROS AL ESTADO
Prodeco anunció a través de un comunicado de prensa que renuncia a sus títulos mineros y empezará el proceso de devolución a la República de Colombia por medio de la Agencia Nacional de Minería (ANM). La empresa añadió que las minas quedarán bajo cuidado y mantenimiento mientras se efectúa la renuncia de los títulos.
La ANM ya había negado la solicitud de suspensión de operaciones del Grupo Prodeco en las munas de Calenturitas y La Jagua. Por esta razón, la empresa llevó a cabo una revisión para identificar las eficiencias adicionales de los costos de producción pues, según la compañía, se consideraron las expectativas de precios a la baja en el mercado objetivo de la compañía.
Respecto a la decisión, la empresa lamentó la renuncia y aseguró que es un paso que se ha pensado durante largo tiempo y se trata de un “resultado decepcionante”. Adicionalmente, Prodeco resaltó su orgullo por haber invertido en diferentes proyectos e iniciativas de compromiso social, lo cual, según el documento, representó el mejoramiento en la calidad de vida de comunidades vecinas.
“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomado de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante 30 años de su actividad minera en Colombia, el Grupo Prodeco ha invertido más de US$3 billones y pagado alrededor de US$3 billones en regalías e impuestos”, puntualiza el documento.
La compañía también ratificó el apoyo a sus empleados, contratistas y comunidades vecinas luego del impacto que representará la renuncia a los títulos mineros. Por esta razón, la empresa ofrecerá un programa de retiro voluntario a sus empleados y este proceso estará “apoyado adicionalmente por un programa de transición social para los empleados y las comunidades vecinas de las operaciones del Grupo Prodeco”.