Marcharán por incumplimiento del plan de reasentamiento en El Hatillo
POR NINOSKA REYES URDANETA
Innumerables han sido las acciones que durante más de diez años ha emprendido la comunidad de El Hatillo, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, para exigir el cumplimiento del plan de reasentamiento colectivo que hasta la fecha ha sido letra muerta para el Gobierno nacional.
Por tal motivo, mañana miércoles realizarán una marcha pacífica para llamar la atención de los distintos niveles de gobierno, y lograr la compensación por la explotación minera a las familias afectadas, informó Jesualdo Vega, líder social de El Hatillo.
“Denunciamos la profunda irresponsabilidad del Estado Colombiano en cabeza del actual Gobierno Nacional y sus entidades: Autoridad Nacional de Licencias Ambiéntales ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quiénes desde el pasado 21 de octubre de manera insistente hemos venido notificando de la suspensión del proceso de reasentamiento y con él toda nuestra inasistencia alimentaria, de salud y servicios sociales”, dijo por su parte Yolima Parra, también representante de la comunidad.
Explicó que este reasentamiento fue ordenado por MinAmbiente en 2010, y diez años después se encuentra estancado por cuenta del proceso de reorganización empresarial, al cual se acogió la empresa minera CNR. Lamentablemente el Gobierno nacional no emite pronunciamiento que permita levantar la suspensión del reasentamiento, la ausencia de inversión estatal tendiente a mejorar nuestra calidad de vida y el no fijar la fecha para el Comité Operativo, escenario que permitirá determinar las acciones tendientes a superar la situación actual del proceso.
Parra afirmó que la comunidad pide que envíen al territorio, funcionarios proactivos y diligentes que resuelvan de manera expedita desde la ANLA y MinAmbiente en una pronta fecha, la realización del Comité Operativo y poder con ello poner fin a la penosa situación que evidencia otra potencial bomba social en el departamento del Cesar.
Mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, se establecieron la obligación a las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR, de reasentar a la población de El Hatillo para prevenir la afectaciones que se derivan de la actividad minera. Es una obligación que el Estado asignó a las tres empresas mineras como una medida preventiva por el nivel de contaminación que afectaría a la zona poblada aledañas a las minas.
El Plan de Acción de Reasentamiento concertado se sustenta en los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y aborda los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales de los habitantes de esta población.
El reasentamiento es una obligación que el Estado le impuso a las tres empresas mineras como una medida preventiva porque en su momento se previó que el nivel de contaminación iba a ser intolerable para que hubiera un asentamiento humano en esos sitios, por lo que se ordenó la reubicación de las familias que allí habitan.