Conectividad para la equidad
La actual coyuntura está pronunciando las brechas sociales a través de un impacto económico y social, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, las telecomunicaciones han mostrado ser un elemento fundamental que ha permitido mitigar los efectos negativos de la pandemia y ofrecer, al tiempo, la oportunidad de reactivar el desarrollo económico y social a partir de la innovación y la tecnología (digitalización) para no dejar a nadie atrás.
A pesar de lo anterior, el sector de las telecomunicaciones no ha explotado todo su potencial debido en parte a que sus múltiples beneficios son fáciles de percibir, pero muy difíciles de medir. Para dar un ejemplo, la participación en el PIB es cercana a un 3%, sólo por encima del sector de entretenimiento, no obstante, estudios señalan que aumentar la penetración de la banda ancha fija y móvil en un 10% incrementaría la tasa de crecimiento del PIB en un 1.2%. Aún en este contexto algunos elementos de política fiscal perciben estos servicios como suntuarios con altas cargas tributarias y de contraprestaciones que son una traba para la accesibilidad.
Por otro lado, la reactivación económica debe tener, entre otros pilares, la promoción de la digitalización del sector empresarial, en particular de las Mypimes. Así como lo resalta el Centro de Estudios Económicos ANIF (2021), estas empresas concentran el 65% del empleo y el 40% de la producción y si bien el Gobierno ha incentivado la adopción tecnológica por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, ANIF muestra que las políticas implementadas no han sido efectivas y es necesario replantear los programas de manera que impulse la financiación en la adquisición de TICs junto con el acompañamiento a los microempresarios en su implementación.
Esto implica una gran necesidad de transitar hacia un estado de digitalización que apalanque mayores niveles de productividad y competitividad, pero que al mismo tiempo se reduzcan las brechas de acceso, uso y apropiación.
El país tiene un importante reto de conectividad, si bien la brecha urbano-rural es amplia, con un 28% de la población urbana que no tiene conexión y en las zonas rurales aumenta al 64%, son las ciudades las que concentran la mayor cantidad de hogares sin internet, llegando a los 4.7 millones de hogares en comparación con los 2.9 millones en zonas rurales, evidenciando la necesidad de potenciar las políticas de conectividad en las ciudades con foco en tecnologías que permitan aprovechar todas las ventajas de un Internet de alta velocidad, como lo es la fibra óptica, tecnología en la cual tenemos una penetración 3 veces menor que Chile, según cifras de la OCDE. Mirando hacia adelante, la política pública de conectividad en cabeza del Ministerio de las TIC debe complementarse con este frente teniéndola como una de las principales prioridades de este Gobierno.
Lo anterior implica tener como complemento un marco institucional robusto que promueva la certidumbre jurídica, la competencia y el bienestar social del país. Los programas de digitalización del Estado, la reducción de las cargas al sector, los Conpes de transformación digital, confianza digital y comercio electrónico, junto con la reciente declaratoria de dominancia de Claro, pendiente de medidas que promoverán la competencia en el sector, son la dirección correcta en la política pública del Gobierno Nacional.
Esta dirección encamina los pasos erráticos que ha tenido el sector, como lo fueron la subasta de 700MHz y 2.5 GHz en 2019 que resultó en el error de uno de los participantes que afectó la dinámica de la subasta sin las implicaciones debidas a este operador, minando así la confianza en las reglas de juego, al igual que sucedió con la adjudicación de dominio.co. Asimismo, la declaratoria de dominancia se da luego de casi cuatro años de identificada la falla de mercado, sin aún conocerse las medidas de corrección y promoción a la competencia, habiendo podido participar y ganar en procesos contractuales que inciden en la competencia como el de la entrega de los subsidios al acceso a internet fijo y la reciente licitación de zonas wifi a través del operador dominante que fortalecen su posición del mercado.
Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de continuar con la dirección correcta que recientemente ha tomado el sector impulsando la competencia en el mercado, generando claridad en la aplicación de la regulación con la llegada de un nuevo operador, dejando atrás la visión fiscalista que tradicionalmente se ha tenido, evitando generar cargas que resulten siendo una barrera para masificar el acceso a Internet, dejando de esta forma que este sector libere todo su potencial en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el gobierno y que esta era de digitalización nos permita cerrar lo más pronto posible las brechas que esta pandemia nos ha puesto como desafío .