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Los pactos que condenaron al exalcalde ‘Tuto’  

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Ayer, el Juzgado Quinto Penal del Circuito emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, por el delito de corrupción al sufragante.

Ramírez Uhía fue condenado por los hechos ocurridos hace nueve años, cuando desarrollaba su campaña política para llegar a la alcaldía de Valledupar en el periodo 2011-2015.

Según la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración, el exmandatario de los vallenatos hizo algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e inclusive, podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda.

“De los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”, dijo el fiscal al momento de la imputación.

Agregó también que por lo anterior, los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde.

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“Lo anterior mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos; en las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en Tierra Prometida”, señaló el ente acusador.

En los alegatos de conclusión del juicio, el fiscal Johan Ustáriz, señaló que “dichos documentos dan cuenta que existió un pacto entre el acusado y líderes de los predios Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte 2”.

Destacó la declaración de la testigo Marta Fabiola Figueroa Fernández, una de las líderes e invasora de Tierra Prometida, de quien dijo “es una persona que ha sido objeto de situación de vulnerabilidad obligada”.

El ente de control, también enfatizó al juez evaluar el testimonio del testigo Orlando Díaz, líder del sector de invasión, quien indicó que todos los líderes tras la firma del documento tuvieron una reunión con el entonces candidato donde, según Díaz, “salieron con sus consciencias compradas”.

El delegado de la Fiscalía advirtió que iba a demostrar que “detrás de ese documento había un entramado político y así lo hizo”.

El defensor técnico del exalcalde, Alejandro Sánchez, retomó los testimonios de invasores que rindieron declaración y expresaron, algunos entre lágrimas, la condición particular de tener que vivir en situación de invasión.

Por su parte, la delegada del ministerio público, Martha Valera, emitió concepto dirigido a pedir sentido de fallo absolutorio para el procesado.