3 policías convirtieron la Uri en un ´putiadero´ 

Un Juez con función de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra tres uniformados de la Policía Nacional presuntos responsables de conformar una red de prostitución y corrupción al interior de la URI de Valledupar.

La captura de estas tres personas se produjo por parte de servidores de Policía Judicial CTI Cesar, el pasado 24 de diciembre, luego que un Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública las solicitara por los delitos de concierto para delinquir agravado, concisión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos tuvieron ocurrencia en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2020.

El ente acusador señaló que los uniformados, al parecer, exigían dinero a personas que se encuentran recluidas en dicho lugar para recibir beneficios como comodidad al interior de las celdas, tener relaciones sexuales entre los internos, permitir el ingreso de personas externas, celulares de todas las gamas, realización de fiestas privadas en la sala de audiencias URI, entre otros.

Los imputados fueron identificados como Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Edwin Calderón Vargas y Elevis Luis Alarcón Riviera.

 “Estas acciones hacen parte del  direccionamiento estratégico del Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que contempla elevar la judicialización de delitos contra la administración pública”, señaló Lucila Vidal Luque, directora seccional de la Fiscalía.

‘BALACHE’: UN PROSTÍBULO EN LA CÁRCEL 

En las entrevistas reveladas por la Fiscalía se destaca la de un capturado en febrero por el delito de acto sexual abusivo, quien se atrevió a afirmar incluso que, aunque estuvo preso en una cárcel de Riohacha, “nunca había visto eso de la URI de Valledupar”.

A lo que se refería esta persona era a la conducta conocida como ‘Balache’ lo cual no es más que “permitir tener sexo dentro del reclusorio a cambio de dinero”.

“Estuve como 7 meses en la URI (…)  cuando llegué yo pillé a tres policías que hacen ‘balache’.  Balache es que permiten tener sexo con las mujeres que están detenidas, pero hay que entregarle plata a ellos.  Las mujeres que están detenidas reciben el 50% y los policías reciben el otro 50% del valor de lo pagado para tener sexo”, relató la Fiscalía al leer la entrevista obtenida.

Según este relato del ente acusador, los policías permitían que hombres y mujeres de la calle entraran al centro carcelario pagando $100.000 para tener sexo con mujeres y hombres detenidos en la URI. Los maridos de las mujeres que están detenidas entran a tener sexo al ‘balache’, y las mujeres de los presos hombres que están detenidos, también entran pagando $100.000.

 “Yo estuve preso en Riohacha, y nunca había visto eso de la URI de Valledupar, es la misma policía la que toca diario la reja y pregunta: ‘¿Quién va a salir para el ‘Balache’ hoy?’.  Y cuando uno tenía la plata, mandaba un papelito con el nombre de la mujer que estaba interna en la celda de mujeres, y ellas siempre decían que sí, por ganarse los 50 barras”, relató el fiscal.

En la investigación dada a conocer en la audiencia concentrada, el mismo testigo aseguró que “cuando hacen el ‘Balache’ apagan las cámaras de las 10 de la noche en adelante”.

CORRUPCIÓN POR DOQUIER 

Entre las presuntas actividades ilícitas que se estarían presentando en parte externa y al interior de la URI, la Fiscalía indicó que particulares, tramitadores, algunos abogados y hasta algunos servidores de esta Fiscalía, en los alrededores, estarían engañando a las personas capturadas, también a sus familiares, “de quienes se aprovechan para ofrecerles la libertad dentro de conductas que no comportan medida de aseguramientos, les prometen hacer cambiar decisiones de funcionarios judiciales porque dicen que trabajan con ellos, con la Fiscalía, ofrecen obtener su libertad y tratos preferentes por parte de las personas o funcionarios de la policía”.

También dijo el ente acusador que, según los testimonios obtenidos, entre otras irregularidades en la URI Valledupar, con la complicidad de los custodios de la Policía Nacional, se permitía que algunos detenidos “permanezcan gran cantidad de tiempo sin ser trasladados a otros centros carcelarios, y a través de estos cobran dineros a los capturados para ubicarlos en espacios cómodos, ingresar teléfonos celulares a sus celdas e incluso estupefacientes”.

“TENÍAN RELACIONES EN LOS PASILLOS” 

Entre los elementos materiales probatorios que recaudó la Fiscalía y que expuso en la imputación de cargos, están los testimonios de varias mujeres y hombres recluidos en la URI.

Una de las interrogadas aseguró que un uniformado “la sacaba a tener relaciones sexuales con las internas, les cobraba a los internos para que tuvieran relaciones con las internas, les cobraba $100.000.  Eso se hacía en la oficina del custodio y las internas tenían sus relaciones en el pasillo. Cuando estaba el sargento Guerra no apagaban la cámara, pero cuando cambiaron a ese custodio y pusieron a otro, siguieron con el negocio y ese sí pagaba a los celadores para que apagaran las cámaras. Para sacar a sus presos y luego para volverlos a ingresar. Tuve relación con varios custodios, me sentí obligada.  Quiso obligar a la venezolana, también acosaba a otra”.

Incluso, una de las entrevistadas aseguró que uno de los implicados abusó sexualmente de ella.

En cuanto al delito de tortura, la Fiscalía narró una entrevista de un preso quien dijo, refiriéndose a un presunto interno agredido, que: “Él estaba conmigo en la celda, lo sacó el sargento Chiquillo Mendoza, y lo metió en otra celda donde estaba Fabián Barraza y su ‘combo’.  Al día siguiente lo regresaron todo reventado”.