El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró, faltando poco para que se venza el plazo que tienen las FARC para entregar los bienes destinados a reparar a sus víctimas, que el Gobierno continúa a la espera de que cumplan lo acordado.
“En el Gobierno seguimos listos y dispuestos a recibir los bienes reportados por las Farc para reparar a las víctimas. Las Farc tiene la obligación de entregar los bienes reportados, por lo que el Gobierno, con base en el inventario entregado en agosto de 2017, ha adelantado todas las gestiones para viabilizar jurídica, institucional y operativamente el proceso de recepción”, indicó.
De acuerdo con Archila, en muchos de los casos ha faltado información clara sobre la ubicación de los bienes para poder completar el proceso que se necesita para poder reparar a las víctimas, pese a la insistencia y disposición del Gobierno.
El consejero agregó que el Gobierno Nacional siempre ha desplegado toda la logística e institucionalidad requerida para recibir los bienes que siguen pendientes y que prueba de ello son las gestiones que se han adelantado desde la primera diligencia de recepción de bienes, realizada a partir el 22 septiembre de 2017 y durante tres años continuos, hasta la fecha.
De acuerdo con Archila, el Decreto 1407 de 2017 establece que los exintegrantes FARC deben responder por el cuidado e integridad de los mismos hasta que realicen su entrega material al Estado.
Por su parte, la SAE asegura que ha solicitado constantemente la designación de enlaces que tengan el conocimiento y suministren la información mínima necesaria para la identificación y entrega efectiva de los bienes inventariados.
El próximo 31 de diciembre vence el plazo otorgado para que las Farc para la entrega de bienes contemplados en el acuerdo para la reparación de víctimas en el país.
EN ZONAS RURALES REGLAMENTADO ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO
El Gobierno Nacional, reglamentó el acceso de soluciones alternativas de agua potable y saneamiento para zonas rurales dispersas.
Por medio de un comunicado, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, dijo que en el país hay un potencial de 1.3 millones de hogares en zonas rurales que no cuentan con cobertura del servicio de acueducto.
Por lo tanto, para suplir estas necesidades, se autorizaron soluciones alternativas individuales como, sistemas de potabilización al interior de las viviendas, recolección de aguas lluvias y sistemas de saneamiento, entre otros.
“Es importante que estas soluciones cuenten con los requisitos técnicos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el reglamento del sector, con lo exigido para el diseño y construcción adecuada de los suministros de agua y de los sistemas sépticos”, explicó Malagón.
Porque, cuando estas soluciones se empleen en estas viviendas obtendrán una autorización ambiental que las exceptúa de las concesiones y permisos de vertimientos, para hacer más fácil el proceso.
Por su parte, Hugo Bahamón, director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda reportó que esta normatividad busca que los servicios de agua y saneamiento sean prestados de manera consecuente con las dinámicas propias de cada comunidad.
“Con este Decreto aclaramos las competencias de los municipios para los servicios de agua y saneamiento a través de esquemas diferenciales, puntualizando que estos deben ser asegurados por las alcaldías municipales. Además, el decreto permite la entrega de infraestructura construida con recursos públicos directamente a las comunidades beneficiarias mediante un convenio celebrado con los municipios”, explicó Bahamón.
El director también indicó que esta medida, facilita la gestión de proyectos en zonas rurales que permiten la enajenación de los predios o constitución de servidumbres para el desarrollo de obras.