Instituciones educativas del Cesar no están aptas para la jornada presencial
La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, advierte a las autoridades municipales y departamentales que las instituciones educativas, en su mayoría, no están en óptimas condiciones para iniciar el proceso de alternancia implementado por el Ministerio de Educación para el próximo año escolar.
Así lo manifestó Jorge Luis Rivero Larios, presidente de, Aducesar, quien manifestó que “desde Fecode los maestros estamos listos para el retorno a clases porque así se desea, pero quien no está listo es el Gobierno nacional, así como tampoco el municipio y del departamento, que no han hecho las inversiones necesarias para garantizar los protocolos que el mismos Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1721, ha establecido para iniciar la alternancia educativa”.
Reiteró que los maestros están dispuestos a volver a las aulas para recibir a los niños, niñas y adolescentes, pero se ha solicitado a la Ministra de Educación, una mesa de concertación para garantizar las medidas de bioseguridad que permitan resguardar la salud y la vida de los estudiantes, padres de familias y docentes.
“Han transcurrido 9 meses desde que inició la pandemia, y es la hora que no se han hecho las adecuaciones en las instituciones educativas en cuanto a infraestructura, baterías sanitarias, espacios de desinfección y un adecuado servicio de agua potable que es indispensable para prevenir el Covid-19”.
Rivero Larios destacó que las instituciones educativas del Cesar y en la mayoría de Valledupar, están iguales como cuando se cerraron al inicio de la pandemia, por lo que no es un capricho de Fecode y Aducesar alertar a las autoridades sobre la situación, sino que se está mostrando la realidad de lo que está sucediendo en el sector educativo.
Por eso, piden una mesa de trabajo para analizar el retorno progresivo, gradual y seguro a las aulas de clase, para lo cual Fecode ha presentado muchas propuesta, pero han sido tiradas a tierra y no hay respuesta.
Por tal motivo, se le solicitará a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Secretarías de Salud Local y Departamental, y a la Personería verifiquen las condiciones de las instituciones educativas y se establezcan las pautas que permitan preservar la vida de los estudiantes y docentes.