Diario del Cesar
Defiende la región

Sindicato de trabajadores de la UPC se ‘tomó’ la universidad

513

Los incumplimientos en los estímulos económicos de formación avanzada y la falta de bonificaciones de grado salarial, serían los detonantes para que cerca de 200 trabajadores administrativos de la Universidad Popular del Cesar (UPC), sede Sabanas, realizaran ayer en horas de la mañana un mitin reclamando por el cumplimiento de los ítems firmados en el pliego de peticiones entre la rectoría de la institución y los trabajadores.

Aníbal Cotes Cobo, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol, y subdirectivo de la Universidad Popular del Cesar, indicó que  la protesta se organizó para apelar por el olvido de los procesos acordados en la mesa de negociación.  Estos pactos, se habrían concretado en marzo del 2018.

“Nosotros comenzamos un proceso en el año 2018; se firmó un acta y un acuerdo final, en los cuales el rector Enrique Meza se comprometió a otorgar beneficios estipulados dentro del pliego de peticiones; hoy día, las propuestas las desconoce, afirmando que el dinero actual será dirigido a seguridad, vigilancia privada y servicios”, comentó Cotes Cobo. Asimismo, aseguró que se enviarán recursos a otros factores “ajenos” a los acordados en el documento.

Para el presidente de Sintraunicol, es una manera irresponsable de desconocer las promesas firmadas desde el año inmediatamente anterior, y que hoy tienen como respuestas no tener recursos para la vigencia del 2019 que permitan subsanar estas faltas.   “Él tenía que establecer garantías presupuestales para poner en tránsito las promesas adquiridas y no lo hizo.   Ni siquiera llegó a las cesión donde se firmó el sistema presupuestal del 2019, y no hizo las aportaciones necesarias”, explicó Cotes.

Del mismo modo, aseguró que son alrededor de $580 millones los prometidos para mejorar aspectos como el reconocimiento a la dedicación del servicio, estímulos de formación avanzada y bienestar de los empleados; y cerca de $700 millones para el tema del grado salarial.

Cotes Cobo reveló además que las promesas incumplidas fueron propuestas directamente por el órgano institucional y no por los empleados administrativos.

Denunció además el ocultamiento de información para las organizaciones sindicales y los trabajadores refiriéndose a los audios y actas firmadas en el Consejo Superior, los cuales no gozan, asegura, de ninguna reserva de confidencialidad por tratarse de archivos públicos.  “La universidad en cabeza del secretario general del rector, viene haciendo esas acciones que vulneran el derecho de petición.  Nosotros hemos adelantado procesos judiciales para tener conocimientos de esta información”, comentó.

 

“INCREMENTOS  SON JUSTOS”: CUT

Entretanto, Jhony González Polanco, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, exigió el cumplimiento de las prebendas conseguidas en las negociaciones las cuales “no van a desmejorar las condiciones presupuestales de la universidad sino que por el contrario, ayudarán al mejoramiento del servicio de la institución”.

“Lo incrementos salariales son justos, porque los profesionales han venido capacitándose y mejorando su nivel académico; han estudiado, se han especializado, muchos son magister y doctores; es decir, se han cualificados en sus área de trabajo y esto no ha sido reflejado en la percepción de los salarios”, argumentó González.

En el mismo sentido opinó Joel Palomino, perteneciente a la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Instituciones de Educación, quien comentó que los administrativos, continuarán en asamblea permanente hasta que se le dé cumplimiento a una negociación que sostuvieron con Enrique Meza, rector actual de la UPC.

El trabajador, quien ha sumado 13 años como funcionario de la Universidad Popular del Cesar manifestó que la directriz de la institución se encuentra desobedeciendo el decreto 160 del 2014 emitido por el Ministerio de Trabajo el cual deja establecido en su artículo primero que: “El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo, entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos”.

Por tal motivo, asegura, se adelantarán demandas en contra del rector de la UPC y serán dadas a conocer tanto a Mintrabajo como al Ministerio de Educación; incluso, acotó, que serán notificados a la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, el decano de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Social de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, junto a Clarivel Parra, decana de la facultad de Ingenierías, fueron delegados por el rector de la UPC para avalar este pliego de peticiones.

Indicó Romero Ramírez, que pese a ser uno de los negociadores del pliego de peticiones, el rector Enrique Meza es el encargado de diseñar nuevos patrones para reglamentar los procesos adelantados desde 2018, y los cuales, dice, “tuvieron una duración de dos meses”.

“Esa acta no es un acuerdo definitivo, porque para que tenga vigencia, se requiere la refrendación del dominador o órgano competente”, dijo Romero Ramírez, refiriéndose, a la firma del rector Enrique Meza, con la que se avalarían los pactos acordados.  Y agregó que su trabajo en esta decisión, “terminó con la suscripción de las actas”.

Sobre si la negligencia o incumplimientos de estos acuerdos previamente firmados generarían procesos jurídicos, el decano de la facultad de Derecho aseguró que este solo fue una “etapa inicial” y que para denotarse una violación a lo pactado “no solo basta con la suscripción del documento”.

Este medio intentó comunicarse con Enrique Meza, rector de la UPC, para conocer su punto de vista, pero no fue posible.

 

LA OPINIÓN DE QUIENES PROPTESTAN

Alvis Romero, trabajadora administrativa de la Universidad Popular del Cesar, manifestó que: “Fui una de las negociadores de este pliego de peticiones por parte de los sindicatos, aunque no represento constitucionalmente a ninguno.  Dentro de los diálogos,  abogamos por bonificaciones de bienestar a los administrativos, en la cual la universidad se comprometió a destinar un 2% de los recursos.  Asimismo, exigimos estímulos de formación avanzada y en la conversación se dijo que se aumentaría el 5%.  Estos fueron algunos de los compromisos adquiridos pero incumplidos, por eso hoy estamos aquí manifestando”.

Albeiro Pallares, celador de la UPC, dijo: “He sido celador desde 1991, es decir, actualmente tengo 29 años de servicio.  Estamos aquí exigiendo nuestros derechos como empleados, ya que no nos quieren cumplir las promesas pactadas en el pliego de peticiones.  Esta negligencia nos afecta bastante, porque son puntos que nos ayudan a  nosotros como trabajadores”.

Dulvis Cotes, celador, comentó que: “Me he desempeñado como celador por 32 años en la Universidad Popular del Cesar, por ese motivo tengo derecho a exigir el acuerdo pactado entre la UPC y los sindicatos, en las que ya hay unas actas reposadas y depositadas en el Ministerio de Trabajo.   Estamos dispuestos a seguir pero con procesos jurídicos, porque no hay otro camino”.

Jorge Flórez, empleado administrativos por 17 años de la Universidad Popular del Cesar, expresó: “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos colectivos pactados por el señor rector; hay unos puntos específicos en relación con el 2% del bienestar, a las normas de pensión y al punto seleccionado con el porcentaje de estudios de maestrías, especializaciones y doctorados.  Estamos peleando una dignificación salarial que no hemos tenido, porque solo nos dicen que se desconocen los acuerdos”.

Aníbal Cotes, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol, aseveró: “Él (rector de la UPC), tenía que establecer garantías presupuestales para poner en tránsito las promesas adquiridas y no lo hizo.   Ni siquiera llegó a las cesión donde se firmó el sistema presupuestal del 2019, y no hizo las aportaciones necesarias”.