Por fin y después de varios años se destrabó la solución definitiva para la construcción de la segunda calzada de Ciénaga a Barranquilla, desarrollando los viaductos que necesita el proyecto para salvaguardar la parte ambiental que se atravesó como ´mula muerta´ a una necesidad no solo de índole regional, sino nacional por las connotaciones e implicaciones que esa conectividad demanda para el país.
Por ejemplo, fue aprobado un documento Conpes que da vía libre a lo que el Departamento Nacional de Planeación calificó como “uno de los más ambiciosos planes de infraestructura vial del que se tenga antecedentes en el país”. Se trata de una inversión estimada en 9,2 billones de pesos para la intervención de 1.160 kilómetros de vías en 18 departamentos, 17 corredores para mejoramiento y la construcción de cuatro proyectos nuevos. Se tiene calculado que todos estos frentes de obras podrían generar no menos de 330 mil empleos entre directos e indirectos, además de dar un impulso sustancial en los ciclos económicos regionales y locales, muy golpeados por cuenta de la crisis sanitaria, los efectos de las cuarentenas y las parálisis productiva, comercial y de consumo de hogares consecuentes.
El denominado “Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación” si bien abarca 21 proyectos en todo el país a cargo del Invías, incluye algunas obras de gran complejidad. Por ejemplo, está el desarrollo del túnel del Toyo, cuya importancia estratégica en la red vial nacional radica en que conecta las concesiones de cuarta generación Autopista al Mar 1 y Autopista al Mar 2. Otro tema clave en este programa es que, según el Invías, todos los proyectos, que este mes iniciarán proceso de licitación, se ejecutarán durante este Gobierno y una vez entren en operación no solo implicarán una mejora sustancial en competitividad sino que representarán un ahorro anual de más de 420 mil millones en costos de operación a los transportadores.
Si a esos 9,2 billones de pesos se le suman los 2,2 billones contemplados en el programa “Concluir y concluir para la reactivación de las regiones”, se eleva a 11,4 billones de pesos la ofensiva en materia de obras públicas regionales. Junto a la construcción, que está cerrando este año con cifras récord pese a la pandemia, el desarrollo de infraestructura vial se perfila como uno de los principales motores de la reactivación económica efectiva para el 2021.
En el reciente congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura una de las principales conclusiones fue, precisamente, que es momento de pensar con audacia y decisión en materia de obras públicas y privadas. Esto, como lo dijera el presidente del gremio, bajo la perspectiva innegable de que la infraestructura debe convertirse en el puntal de lanza de una política contracíclica de largo aliento que ayude a reactivar lo más pronto posible la golpeada economía colombiana.
Como lo destacó el referido del FMI, se requiere un flujo importante de recursos oficiales y privados en materia de desarrollo de infraestructura para empujar la economía. Solo en esa medida el PIB recibirá un impulso tangible y definitivo. No es un asunto automático ni fácil. Requiere de esfuerzos no solo presupuestales sino en materia de agilidad en licenciamientos, aprobación rápida y certera de diseños, mecanismos eficaces para asegurar la financiación, auditorías e interventorías diligentes y la máxima colaboración posible de los gobiernos Nacional, departamentales y municipales. La ruta está trazada, lo crucial es seguirla.