Imputación de cargos para exdirectivos de Hidroituango

El fiscal Néstor Humberto Martínez denunció una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación para el desarrollo del proyecto de Hidroituango el cual, en palabras del jefe del ente acusador, “se hizo a dedo”. Por esta razón se les imputarán cargos por Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez, director del proyecto.

De acuerdo con Martínez Neira, a los exfuncionarios les endilgarán los cargos por interés indebido en la celebración de contratos y celebración sin el cumplimiento de requisitos legales. Esta es una de las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía sobre las irregularidades en las que se ha desarrollado la megaobra.

“Sobre la contratación de la hidroeléctrica, que constituye la primera línea de investigación, hay una serie de anomalías tanto en la fase precontractual como en la contractual”, precisó el fiscal sobre lo que denominó “el pecado original de Hidroituango”.

La investigación que derivó en el anuncio de imputación de cargos se remonta a 2009 cuando la junta directiva de la Hidroeléctrica toma la decisión de tercerizar el proyecto, es decir, buscar un socio estratégico extranjero para que apoyara la construcción del proyecto energético.

“Convocan a una licitación pública internacional, a la que concurren unos proponentes internacionales y se hace una preselección. El 9 de junio de 2010 se decidió suspender el proceso de oferta pública y el 18 de septiembre se llega a un acuerdo entre Hidroituango y EPM para que esta firma sea el desarrollador del proyecto”, precisó Martínez.

LA LUPA DE LA PROCURADURÍA

La Procuraduría General de la Nación mantiene un estricto seguimiento al proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el cual ha venido presentando una serie de inconvenientes que han puesto en alerta a toda la región del bajo cauca antioqueño.

Así lo explicó el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, en el marco de la audiencia pública que se realiza en Medellín, donde aseguró que espera que se sepa la verdad sobre las funciones de dicho proyecto que originaría servicio eléctrico a nivel nacional.

“Lo único que pido es que se abran los libros, se hagan públicos los expedientes y que sepamos todos, de la manera más transparente, qué es lo que está sucediendo… No podemos seguir con el secretismo para tapar realidades que les afecten a las comunidades que están acá”, señaló Carrillo Flórez.

En el marco de la audiencia, el procurador aseguró que lo importante es defender el interés de la sociedad. “Es importante que se prevengan los daños a los intereses colectivos. Todos sabemos que ha habido una crisis, el asunto es cómo se ha afrontado y cómo enfrentaremos los desafíos”.

Explicó que está por determinarse si hubo una emergencia ambiental y social. “En el caso de las indagaciones de la Procuraduría, por supuesto que estamos con toda la experticia técnica al servicio de esclarecer exactamente cuáles fueron las causas y cómo se puede tomar control sobre la crisis que se pudo presentar”.

La diligencia, que tiene como finalidad evidenciar las afectaciones que pudo originar a la comunidad el megaproyecto, se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia.

A la audiencia asistieron el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay; el gobernador de Sucre, Édgar Martínez, y la gobernadorea (e) de Córdoba, Sandra Devia.