Diario del Cesar
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Gobierno rechaza las amenazas a magistrada que interrogó a Mancuso  

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Al mismo tiempo, conminó a las autoridades a garantizar su protección y vida. 

El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz Orjuela, rechazó las amenazas de muerte que recibió la magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Cecilia Leonor Olivella Araujo, luego del interrogatorio virtual que hizo al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez, al igual que otros jefes del frente Mártires del Cesar.

A través de un panfleto aparecieron las intimidaciones contra la magistrada en la que le hacen advertencias puntuales al proceso que viene desarrollando. De inmediato, el Gobierno condenó estos hechos con los que señaló se pretende constreñir la impartición de justicia.

 “He recibido una denuncia muy grave de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quienes me enviaron una comunicación, dando a conocer unas amenazas en su contra, a causa del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales (…)”, sostuvo Ruiz.

Dijo que “los funcionarios judiciales manifiestan que la magistrada ponente del proceso de Salvatore Mancuso Gómez y otros exintegrantes del frente Mártires del César de las Autodefensas, fue amenazada para disuadirla de interrogar al jefe de esta organización”.

El ministro Ruíz expresó además que solicitó a las autoridades que se garantice la integridad de la magistrada. “Dicha denuncia la remití por competencia a la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional, entidades encargadas de garantizar la integridad personal de los funcionarios judiciales y de adelantar las investigaciones correspondientes”, indicó.

El panfleto intimidatorio señala en uno de sus apartes: “no se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso, no comprometa a su familia y la suya, deje de estar preguntando”.

Debido a esto, el jefe de la cartera de Justicia en Colombia aseguró que cualquier amenaza contra los jueces o magistrados que imparten justicia es reprochable.

 “Quiero ratificar mi respaldo a los servidores judiciales y rechazo cualquier manifestación de violencia que pretenda interferir con su función de administrar justicia, el Gobierno Nacional condena de manera categórica toda intimidación en contra de los jueces, los exintegrantes de los grupos de autodefensa, que están cumpliendo pena en el exterior, tienen deudas con la justicia colombiana y tendrán que venir a responder por esos delitos”, afirmó.

El ministro Ruíz cuestionó que los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, no hubieran solicitado la intervención urgente frente a las amenazas que recibió la togada Olivella Araújo.

LAS AMENAZAS 

“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso. No comprometa a su familia”, fue el mensaje en un panfleto firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia contra la magistrada Cecilia Leonor Olivella, quien adelantó el pasado 20 de octubre un interrogatorio virtual al exjefe paramilitar y a otros líderes del frente Mártires del Cesar.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla rechazó estas amenazas que pretenden afectar su independencia y el proceso que se le adelanta a Salvatore Mancuso por los crímenes cometidos cuando comandó el Bloque Norte de las AUC.

 “Este es el primero de muchos procesos en los que figura el citado postulado (Mancuso), el cual inició su tránsito ante la Sala de Conocimiento, que habrá de dictar sentencia por los crímenes cometidos cuando comandó el Bloque Norte de las AUC (en esta ocasión se analizan conductas cometidas por paramilitares en el departamento de Cesar)”, aseguró el Tribunal en un comunicado.

Pidió el acompañamiento de las autoridades, el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia, así como celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de las intimidaciones.