Diario del Cesar
Defiende la región

Piden declarar emergencia sanitaria para Cárcel Judicial 

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POR NINOSKA REYES URDANETA 

La preocupación invade a los familiares de los privados de libertad en la Cárcel Judicial de Valledupar, ya los reclusos que han dado positivo para Covi-19 conviven en la misma celda con los casos negativos y además no reciben la atención médica adecuada, se curan solos y hacinados.

Denuncian malos manejos en las condiciones epidemiológicas e irregular implementación de las medidas sanitarias, para prevenir contagios de Covis-19. Varios reclusos contagiados con Covid-19 estarían en un mismo pabellón sin guardar el aislamiento requerido, y además solo les informan de manera verbal, sobre el resultado positivo de las pruebas.

Patricia Obando, defensora de Derechos Humanos de la población carcelaria, denunció que de acuerdo a lo que informan internos y familiares de la Cárcel Judicial de Valledupar, a la fecha no se conocen datos exactos de cuantos internos están infectados con Covid-19, ya que se le está dando un manejo no ajustado a los protocolos, ni tampoco se le ha hecho pruebas a toda la población carcelaria. Solo se conoce que se han hecho tamizajes en los patios 1, 2 y 5, cuyos resultados los comunican de manera verbal al recluso, sin aislarlo y sin ofrecer asistencias médica individual.

 “Uno de  los casos que queremos resaltar es el del interno Orlando Pelayo, de 73 años de edad, quien se encuentra en el pabellón uno y presenta morbilidades de hipertensión y además fue intervenido a corazón abierto. Fue confirmado como caso positivo para Covid-19 y no está recibiendo la debida atención en salud”, explicó.

El temor es que el virus se siga extendiendo en todo el centro carcelario, ya que al interno que se le informa que está contagiado y se le deja en la misma celda compartiendo con internos que no están infectados; no hay un lugar dispuesto para el aislamiento. “La propagación del virus será generalizada, por lo que hacemos un llamado a los organismos de control como la Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo para que hagan una verificación en sitio y se tomen medidas”.

Los internos también reportan, que la falta de atención médica está produciendo secuelas en quienes ya han sido contagiados por el virus, y están presentando afecciones pulmonares e incluso han vuelto a ser afectados por el Covid-19.

En materia de bioseguridad, aseguran que solo reciben un tapabocas al mes, mientras que en lo que  respecta a la alimentación, afirman que no es cierto lo dicho por la dirección del penal, ya que las comidas las reciben de mala calidad y en horarios irregulares. “La cena les llega pasadas las 8:30 de la noche y los almuerzos después de las 4:00 de la tarde”.

TODO BAJO CONTROL 

En la reciente visita que realizó el ministro de Justicia a Valledupar, coronel Norberto Mujica, director general del INPEC, informó que la situación del Covid-19 en los centros penitenciarios del país va con tendencia a la baja, se registran 50 centros que presentan alguna situación con el virus, de los cuales 60% ya están declarados libres de la enfermedad.

Destacó que hay una reducción importante de casos, en el país se llegó a tener un pico de más de 3.600 privados de la libertad positivos para Covid-19 y hoy solo se reportar 1.200. “El rebrote no lo hemos sentido en las cárceles, seguimos cumpliendo los protocolos de bioseguridad y eso es lo que nos ha llevado a la reducción”.

En el caso de Valledupar, en La Tramacúa se llegaron a tener 50 casos y hoy día solo hay trece activos; mientras que en la Cárcel Judicial se llegaron a confirmar 288 y hay solo tres casos.

Con respecto al tema de la alimentación, Diana Silva Londoño, defensora delegada para la Política Criminal y Penitenciaria en el país, informó que se solicitó una veeduría tras las recurrentes denuncias de las personas privadas de la libertad, ya que la meta es que tengan una alimentación digna dentro del centro de reclusión. El problema también es recurrente en La Tramacúa, tema que será tomado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para revisar las contrataciones.

Otro de los temas que preocupa a la Defensoría del Pueblo, es mejorar por parte del juzgado, no solo el de ejecución de pena, sino de Control de Garantías, para que adelantaran los más pronto posible las audiencias y que se haga una revisión de las 354 cartillas personales de los reos, reportadas por el INPEC, para verificar si han cumplido con las tres quintas partes de la pena, y que el subrogado penal lo tenga cumplido de manera objetiva y subjetiva, para otorgar la libertad condicional contribuyendo con la disminución de hacinamiento en las cárceles.

La Cárcel Judicial de Valledupar presenta un 306% de hacinamiento. Hoy tiene 781 detenidos en sus siete patios, cuando su capacidad máximo para 256 personas. Son 316 condenados y 465 sindicados, en la actualidad.

En la Unidad de Reacción Inmediata lo máximo son 28, pero hoy tienen 74, lo que genera un 164% de hacinamiento, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación.