Gobernador se comprometió a cumplir sentencia a favor de pescadores de Santa Marta
En un documento enviado a la magistrada María Victoria Quiñonez, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y, su equipo de trabajo, se comprometieron a cumplir la Sentencia T-606 de 2015 a favor de los pescadores de Santa Marta que realizaban sus faenas en el Parque Tayrona, quienes tienen derecho a una compensación económica para su mínimo vital, sin embargo, no les han cumplido al parecer las administraciones anteriores.
“Entendemos las vicisitudes presentadas en las audiencias desarrolladas con ocasión de la Sentencia T-606 de 2015, en las que no se ha logrado evidenciar el avance que usted ha requerido pero es de conocimiento público la sobrecarga de tareas y funciones de emergencia que la pandemia ha generado en las entidades territoriales, en este caso para la Gobernación del Magdalena el reto no es menor dado que el 86% de la población vive del día a día, así debemos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos para que el aislamiento social preventivo pudiera cumplirse a cabalidad y salvaguardar la vida de los magdalenenses”, indicó la administración e Caicedo a la Magistrada Quiñonez.
También precisaron que “no obstante me permito informarle que designé un equipo para asumir la responsabilidad de llevar a feliz término los asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia y la coordinación del plan de compensación que ella ordena”.
Asimismo, el documento en más de cuatro años no había llegado a estructurarse y en este gobierno lograron consolidarlo, estando a la fecha en proceso de suscripción quedando pendiente de la firma de tres de las 11 entidades que deben suscribirlo.
EL INCUMPLIMIENTO
El 21 de septiembre de 2015 la Corte Constitucional expidió la Sentencia de T-606 y desde la notificación que pudo haber sido realizado al gobernador de turno Luis Miguel Cotes no se dio cumplimiento del plazo establecido de 60 días para la elaboración del plan de compensación para pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona.
Además, en cuatro años del gobierno dela señora Rosa Cotes de Zúñiga tampoco se cumplió con la aprobación y suscripción del plan de compensación ni se avanzó en la formulación y ejecución de las alternativas productivas para los pescadores beneficiados, indicó Caicedo.
De igual manera, esta administración no evidenció alguna coordinación técnica del Gobierno anterior para impulsar y facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las otras entidades involucradas en el acatamiento de la sentencia.
En las vigencias 2016-2017 durante seis y siete meses respectivamente, no se dio cumplimiento a lo ordenado frente al pago mensual de la ayuda económica transitoria de seguridad alimentaria, con lo cual se desconoció el mínimo vital de los pescadores beneficiarios, de otra parte no se ejecutó ningún proyecto de compensación a los pescadores, debido a la incapacidad técnica que mostró la administración pasada en la formulación y ejecución de los proyectos, debiendo devolver los recursos que no lograron ser ejecutados, señaló la administración departamental en el documento enviado a la magistrada.
EL PROCESO
La actual administración se ha visto obligada a trabajar sin ningún antecedente como insumo de valor, dado que el proceso de planificación que deben surtir las entidades públicas para hacer uso responsable de los recursos de inversión, se deben desarrollar mediante un proceso que consta un diagnóstico verídico de la magnitud de la situación.
“La información que brindó como disponible el gobierno saliente está lejos de cumplir con los requisitos de la sentencia, lo cual no nos exime la responsabilidad de cumplir a cabalidad con la orden impartida, pero teniendo en cuenta las responsabilidades de como entidad territorial y de servicio público debemos honrar, estamos en el en el proceso de rigor para poder llevar a cabo finalmente un proceso organizado responsable con los beneficiarios”, manifestó el gobernador Carlos Caicedo.