El Juzgado Primero Penal del Circuito absolvió al alcalde de Valledupar, diputados y exdiputados del Cesar que eran acusados del delito de prevaricato por acción por hechos ocurridos en el periodo comprendido entre 2016-2019.
Los acusados por la Fiscalía Quinta Seccional eran: el actual mandatario de los vallenatos Mello Castro González, así como los diputados Camilo Lacouture y Miguel Ángel Gutiérrez, y los exdiputados Manuel Mejía Pallares, Eduardo Santos Flórez, Alfredo Pinto y Gelver Cárdenas.
En la audiencia virtual, la togada dejó además sin efecto las medidas precautelativas tomadas en dicho proceso.
El fallo, de primera instancia, fue apelado por la Fiscalía y, a la misma, se sumó el representante de víctimas.
Las pesquisas de la Fiscalía Seccional de Delitos contra la Administración Pública se desprendieron de una denuncia hecha por el ahora exdiputado Julio César Casadiegos Navarro, quien aseguró que lo dejaron sin voto en una de las sesiones realizadas en 2016, situación que generó la acción judicial.
Este proceso tenía especial interés ya que uno de los involucrados, Mello Castro González, hoy ostenta el cargo como alcalde de Valledupar.
LA DENUNCIA
Los argumentos de Casadiegos apuntaban a que la suspensión por dos meses que le hizo el partido Cambio Radical por presuntamente conducir en estado de embriaguez y generar un accidente de tránsito en una calle de la capital del Cesar aún no estaba ejecutada para el día de la sesión donde “segaron su voto”.
Situación por la que, al parecer, los siete miembros de la Asamblea, en aquel entonces, ‘nublaron’ a Casadiegos para ejercer su votación.
“Debieron percatarse que habían cometido un error, eso era muy claro en el articulado de la sanción de que no estaba ejecutoriada y ellos lo habían hecho. Recordemos que fue a través de una proposición verbal y si revisamos el reglamento de la Asamblea, éstas no pueden ir encaminadas a una decisión tan importante como es la de suspender el derecho al voto. Nosotros hemos sido considerados como víctimas dentro de este proceso, no tenemos nada personal contra los diputados, ni contra sus familias, ni las aspiraciones políticas de ellos, simplemente hemos acudido a la justicia”, señaló Casadiegos, en la vista pública en la cual fue interrogado.
El ente acusador tiene cinco días para sustentar la apelación.