El Gobierno nacional le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisar si Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, puede seguir ocupando curul en el Senado tras confesar que atendiendo una orden del ‘secretariado’ de la entonces guerrilla de las Farc, que le trasmitió el ‘Mono Jojoy’, coordinó en Bogotá el crimen del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado.
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Así lo anunció ayer Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz. “El Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al acuerdo de paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con lo consagrado en la Ley Estatutaria de la misma, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”, dijo.
No obstante, el Comisionado dijo a Caracol Radio que el Gobierno no tendría que hacer dicha solicitud pues “la propia Ley Estatutaria establece que cuando una persona que está en el marco de la JEP y reconoce, dentro de su obligación de decir verdad, la comisión de un determinado delito, la JEP debe aplicar algo que se llama en esa legislación las sanciones propias, y una de las sanciones propias tiene que ver con la restricción del derecho de residencia o libertad de residencia y de la libertad de movilidad. Entendemos que algo tan grave como lo que acaba de reconocer el senador Lozada es que la JEP de inmediato debe aplicar esa Ley y tomar una decisión sobre esa compatibilidad en la continuidad en el cargo”, afirmó Ceballos.