Diario del Cesar
Defiende la región

Otra colcha de retazos 

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Las falencias del sistema de salud ya eran graves antes del inicio de la pandemia. De hecho, el Gobierno venía implementando el programa de “Punto final” como un mecanismo para tratar de aclarar y sanear una parte de las deudas entre las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las clínicas y hospitales, paralelo a un funcionamiento más eficaz de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). De igual manera, se fortalecieron las capacidades de intervención y sancionatorias de la Superintendencia del ramo. Ello a la par de una aceleración de las pesquisas que vienen adelantando la Fiscalía, la Contraloría y otros entes para establecer el destino de sumas millonarias del sector que se han embolatado en medio de evidentes casos de ineficiencia operacional, desgreño administrativo y corrupción.

Aun así es claro que se requieren ajustes de fondo al Sistema y desarrollos reglamentarios más audaces de la ley estatutaria que elevó la salud a derecho fundamental. Los retos impuestos por la emergencia derivada del Covid-19 han puesto sobre la mesa que las debilidades son más graves de lo que se pensaba y que, en consecuencia, cualquier reforma estructural debe adecuarse a las exigencias de lo que se ha dado en denominar la “nueva normalidad”.

El pasado 20 de julio, se radicó, de nuevo, un proyecto de reforma a la salud, pero esta vez con adecuaciones a las exigencias propias de la pandemia y los retos que tendrá en Sistema en la próxima década. La iniciativa plantea garantías para el ejercicio laboral y profesional del talento humano del sector, el fortalecimiento de los hospitales públicos así como medidas orientadas a depurar el conjunto de las EPS y optimizar el manejo de los recursos existentes y nuevas fuentes de financiación. De igual manera, se plantea un nuevo modelo de atención primaria con enfoque familiar y comunitario, al tiempo que se establecen áreas territoriales de aseguramiento que se extenderán más allá de las fronteras departamentales. Por último, el proyecto propone la prestación de servicios a través de redes integradas y asigna funciones en torno a la salud pública, entre otros aspectos.

Como es apenas obvio, el foco de la discusión se ha centrado en cómo será el revolcón en materia de las EPS, ya que los nuevos requisitos de calidad,  funcionalidad operacional y potabilidad financiera sacarán del escenario a las entidades que no cumplan dichos estándares. De hecho, pasarán a llamarse Aseguradoras de Salud y tendrán roles y responsabilidades más amplias.

Sin embargo, la modificación va mucho más allá, razón por la cual ya distintos actores del sistema han prendido las alertas sobre las implicaciones de la reforma y pedido al Congreso que se tengan en cuenta sus puntos de vista. El gremio que lleva la vocería de las EPS, así como algunos voceros de las clínicas y hospitales y los sindicatos del sector han advertido sobre el alcance de los ajustes propuestos. Esa expectativa es mayor ahora que el Gobierno decidió enviar un mensaje de urgencia para acelerar el trámite del proyecto, recalcando que los ajustes que propone son los adecuados para aplicar un salto cualitativo al sistema de aseguramiento para la atención médica de los colombianos.

Lo cierto es que se requiere una discusión más amplia sobre los cambios que propone esta reforma. Urgen más foros y audiencias públicas para escuchar la opinión de la academia así como de los gobernadores y alcaldes, y de los expertos en salud pública pospandemia. Igual debe establecerse cuál es la postura de las asociaciones de usuarios y pacientes. Esas y muchas otras voces deben entrar al debate de un asunto de primer orden. Hay que enriquecer el articulado, asegurarse de que los cambios propuestos son funcionales desde todo punto de vista. También tiene que vislumbrarse en qué momento debería entrar en operación el nuevo modelo, más aún porque el peor error sería ‘heredarle’ todo el lastre de ineficiencia y problemas financieros del actual. Hay que ser claros: un sistema nuevo con deudas y pleitos viejos no tendría mayor futuro.