“Acudiremos a la tutela para que corrijan el yerro de la Corte”
POR JOSÉ MARTÍNEZ VEGA
De “yerro” de la Corte Suprema de Justicia y “mensaje reprochable de que el delito paga”, calificó el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola, quien representó los intereses de la parte civil en el proceso por corrupción al sufragante contra Luis Alberto Monsalvo, el fallo absolutorio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el cual revocó la condena de cinco años, un mes y 16 días de prisión en contra del gobernador del Cesar.
El jurista dijo que la víctima en este caso, el señor Alberto Pimienta Cotes, está totalmente sorprendido con la decisión de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto indica una ruptura del orden constitucional.
“Nosotros no podemos compartir un fallo que de manera expresa establece que la invasión de tierras no afecta la propiedad privada y que es legítimo que los candidatos a los cargos de elección popular puedan prometer como dádiva mantener una situación de invasión. La invasión de tierras en Colombia es un delito porque atenta contra la propiedad privada, la constitución política colombiana protege la propiedad privada, la garantiza, cuando ha sido adquirida conforme al ordenamiento jurídico, tal como lo hizo Alberto Pimienta Cotes y también recientemente Óscar Guerra Bonilla”.
Subrayó Rodríguez que, “en este contexto este fallo de la corte, que obviamente respetamos porque ha sido proferido por la órgano de cierre de la justicia ordinaria, lo respetamos, no lo compartimos, porque implica una ruptura grave del orden constitucional, viola el derecho constitucional a la propiedad privada y desconoce la sentencias de tutela proferidas por jueves de tutela y la corte constitucional”.
Para quien defendió los intereses del mayor Alberto Pimienta Cotes, reconocido como víctima dentro del proceso penal, la Corte Suprema parte de un supuesto que es “grave y falso”, ya que en ninguna parte los fallos de tutela han garantizado la permanencia de las invasiones en las tierras invadidas. “Lo que esos fallos establecieron fue que se le garantizará el derecho de la vivienda digna de estas personas para que fueran reubicados en albergues y además establecieron una orden de desalojo para que se garantizara por un lado la propiedad privada y por otro lado la reubicación de las personas”.
Finalmente, el abogado Evaristo Rodríguez confirmó que acudirán a los jueces de tutela y la máxima instancia que es la Corte Constitucional para que, según indicó, corrijan un posible yerro en que esté incrusto el fallo absolutorio.
“Acudiremos, a los jueces de tutela para que corrijan el muy posible yerro en que está incursa esta decisión, porque en últimas se afecta la confianza legítima de los ciudadanos en las instituciones. Se manda el mensaje reprochable de que el delito paga, de que es legítimo prometer tierras ajenas para obtener el apoyo del electorado a cambio de votos. Eso es lo que consideramos reprochable”, expresó.
Y añadió que: “Al existir una violación directa de la constitución, un desconocimiento de los fallos de tutela que hicieron tránsito a cosa juzgada de los jueces de tutela de Valledupar, de los fiscales y de la corte constitucional, anunciamos desde ya acudiremos a los mecanismos de defensa judicial previsto también por el ordenamiento jurídico, el guardián de la constitución política, en ese caso son los jueces de tutela y la máxima instancia que es la corte constitucional, para que establezca sí existe o no esa violación directa a la constitución y de los precedentes constitucionales”.