Víctimas piden que excluyan al general Montoya y al Cr. Mejía
Organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes de víctimas que hacen parte del Espacio de Litigio Estratégico presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento, una figura que contempla la Ley Estatutaria de la JEP cuando los agentes estatales que se han sometido a esta jurisdicción para obtener beneficios a cambio de verdad no cumplen a cabalidad con este propósito.
El primer caso es el del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien se sometió al JEP en junio de 2017 y obtuvo su libertad transitoria y condicionada en relación con una pena de 19 años que purgaba por el delito de concierto para delinquir, por hechos ocurridos entre enero de 2002 y enero de 2004, cuando era comandante del Batallón La Popa, adscrito en ese entonces al Comando Operativo número siete y a la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército Nacional.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados, según una decisión judicial, el coronel conformó un grupo especial denominado Zarpazo, responsable de 18 homicidios presentados como bajas en combate. Así las cosas, dentro de la solicitud de exclusión del coronel Mejía Gutiérrez, se incluye también al sargento Andrade quien se acogió al tribunal de paz, por estos mismos hechos y en el mismo periodo que Mejía Gutiérrez, cuando se desempeñó como jefe de inteligencia del Batallón La Popa.
Entre julio de 2019 y enero de 2020, Publio Hernán Mejía ha comparecido tres veces a la JEP a rendir versión voluntaria, mientras que el sargento Andrade compareció en una ocasión en septiembre de 2018. “Ambos militares han insistido en no reconocer los hechos a pesar de ser mencionados y haber sido vinculados por estas conductas. Tampoco han realizado un relato que contribuya al esclarecimiento del fenómeno generalizado de los mal llamados falso positivos ni a las circunstancias en que ocurrieron”.
La solicitud de las víctimas está fundamentada en el informe ‘Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia’, entregado a la JEP en octubre de 2019 y donde se documentan 72 víctimas agrupadas en 34 casos de ejecuciones extrajudiciales, así como en cuatro informes detallados donde se revisan las versiones voluntarias de 75 integrantes del Batallón, de las cuales se concluye que ambos comparecientes tuvieron algún grado de participación o conocimiento, en razón de su pertenencia y funciones dentro de la Plana Mayor del Batallón ‘La Popa’.
Las víctimas también solicitan la exclusión del general Mario Montoya Uribe quien se acogió al tribunal de paz en octubre de 2018, por 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General y remitidos a la justicia transicional, que se cometieron bajo su mando cuando era comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.