Diario del Cesar
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Médico deberá pagar 40 meses de prisión  

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A 40 meses de prisión -equivalentes a  tres años y cuatro meses- fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar el médico Carlos Arturo Montero Araújo, uno de los implicados en el fraude a empresas mineras y fondos de pensiones, en el caso conocido como el ‘Cartel de los locos’ o ‘Cartel de las pensiones’, destapado en 2018.

En la misma providencia, el juzgado ordenó su captura inmediata para dejarlo a disposición del Inpec para que  cumpla  su pena  en un establecimiento carcelario, negando el beneficio de la prisión domiciliaria.

La defensa y Fiscalía apelaron la decisión y  será   el Tribunal Superior Sala Penal, quien resuelva en segunda instancia la medida.

Al profesional de la salud, en audiencia de verificación de allanamiento a cargos,  el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar con funciones de conocimiento le dictó fallo condenatorio por el delito de peculado por apropiación agravado luego de que se allanara a los cargos imputados por la Fiscalía Quinta Seccional de delitos contra la administración pública.

El médico participó en este entramado como miembro de la Junta Regional de Calificaciones de Invalidez del Cesar, la cual ofrecía servicios para adelantar pensiones con maniobras fraudulentas como certificaciones de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.

Montero fue capturado en el marco de la Operación Frenocomio, adelantada por la Fiscalía en la Costa Atlántica para atacar el fraude al sistema pensional, junto a otras 9 personas identificadas como responsables de atentar contra la estabilidad de estos Fondos.

En su momento se logró identificar un grupo de 2 abogados, 4 médicos, otra persona con estas dos profesiones, 1 sicóloga y 2 intermediarios, que ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las empresas carboneras de Drummond, Prodeco y Cerrejón.