Fiscalía presentó último testigo contra ‘Tuto’ Uhía
Con la presentación del último de los testigos por parte de la Fiscalía Quinta Seccional de delitos contra la administración pública, continuó ayer el juicio oral en el proceso que se sigue contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, por el delito de corrupción al sufragante.
La diligencia, realizada de forma virtual, se llevó a cabo en ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento.
La primera en intervenir en la vista pública fue la habitante y líder de la invasión Los Guasimales, Lourdes Manuela Barrios.
La mujer, al ser preguntada por la Fiscalía, reconoció el compromiso firmado con el entonces candidato a la Alcaldía de Valledupar.
Expresó que el mismo consistía en que “si el mandatario ‘subía’ al gobierno nos iba a meter en un programa de vivienda, pero no fue mandatario, entonces ese papel no servía”.
La invasora del predio insistió que los habitantes del sector firmaron el mismo porque “estamos cansados que los candidatos hoy se acuerden de uno y mañana, cuando se monten, nos olvidan”.
Con Barrios el ente acusador cerró su presentación de testigos, y cedió el turno a la defensa que presentó a una trabajadora de la campaña de ‘Tuto’ Uhía.
Para el próximo 3 de noviembre fijó el togado la fecha de continuación del juicio en la cual se espera que la defensa presente todos sus testigos.
LOS SEÑALAMIENTOS
Ramírez Uhía es acusado de incurrir en el delito de corrupción al sufragante por los hechos supuestamente ocurridos hace nueve años cuando desarrollaba su campaña política para llegar a la alcaldía de Valledupar en el periodo 2011-2015.
Según la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración el exmandatario de los vallenatos habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e inclusive, podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda.
“De los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”, dijo el fiscal al momento de la imputación.
Agregó también que por lo anterior, los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde, mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos; en las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en Tierra Prometida.
De ser hallado culpable, podría recibir una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.