Diario del Cesar
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Valledupar se une  al paro nacional

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La clase obrera, estudiantes, trabajadores y ciudadanía  saldrán a las calles de Valledupar para unirse a la marcha nacional del ‘21N’, mecanismo con los que rechazan algunas políticas del gobierno de Iván Duque.

En la capital del Cesar comentó la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se espera la presencia de más de 2000 personas que, cumplirán con la ruta habilitada que saldrá desde el Obelisco, cruzando por la Avenida Fundación, la Gobernación del Cesar y finalmente a la Alcaldía de Valledupar.

Para eso se firmó e implementó el Decreto 001201 que comenzó a circular con el fin de garantizar seguridad y tranquilidad, en el mismo se autorizaba el inicio de la Ley Seca desde ayer a las 6:00 p.m. hasta mañana viernes a las 6:00 a.m. prohibiéndose la venta y consumo de bebidas embriagantes; al igual que el tránsito de vehículos de mudanza y carga pesada.

Entre apoyo y rechazo se dividen algunas opiniones en Valledupar con respecto a esta protesta, mientras que Saúl Manjarrez dice “es una excelente oportunidad para unirnos como país y comunidad y dar a conocer las insatisfacciones de las estrategias adelantadas desde la presidencia que atentan contra nosotros los pobres y trabajadores”; otros como María Sequeira dice que, prefiere no opinar “ni salir” durante este día.

Sin embargo, y frente a la preocupación y polémica que ha suscitado por esta vía de hecho que ha sido incluso, apoyada por cantantes, reinas de bellezas, actores y otras celebridades; sectores de Valledupar se pronunciaron ante el tema.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

El presidente de la CUT en el Cesar, Jhonny González, reiteró, tienen los motivos suficientes para marchar contra las reformas que busca implementar el actual presidente Iván Duque y las cuales asegura, “empobrecen a los vallenatos”.

La protesta resaltó que será de forma pacífica desvirtuando algunos comentarios que rumoran presencia de encapuchados: “No tenemos necesidad de taparnos la cara porque estamos mostrando la inconformidad con las políticas que están arrastrando”.

Dichos desconciertos acotó, están concentrados en el proyecto de la Ley 212; en la posibilidad de pagarle a los jóvenes el 75% del Salario Mínimo Legal Vigente;  plantear pagar las jornadas laborales por horas, perdiendo  la estabilidad laboral y los derechos laborales conseguidos; el desfinanciamiento que se muestra en el Artículo 44 que autoriza utilizar los recursos de la universidades para pagar demandas del estado; y la situación indígena  por afirmar que se encuentran asesinándolos de dos formas: de hambre y persecución.

TRANSPORTADORES

Por su parte, Imel Fuentes, uno de los líderes del gremio taxista invitó a sus colegas a dejar sus vehículos, y salir para participar por los derechos ciudadanos los cuales no logran cobijarlos.

Sostuvo que el gremio conductor o transportador a pesar de permanecer 20 y 30 años estudiando, no cuenta “ni siquiera” con un derecho a pensión y que pese a estar por varias horas detrás de un timón “el estado nunca nos ha amparado. Es el momento de pedirle al que nos colabore, que nos consideren empleados y no como trabajadores simples”.

ESTUDIANTES

Jesús Maldonado Gómez, estudiante de Licenciatura en Ciencias Naturales y miembro de un movimiento estudiantil manifestó que, la marcha del’21N’, servirá para mostrar los problemas universitarios locales y nacionales que están surgiendo; las amenazas a líderes y los ‘desfalcos’ en los planteles educativos.

“Vamos a demostrar con nuestra presencia la situación actual de la Universidad Popular del Cesar y educación más allá de la infraestructura, se deben enfocar en   los lineamientos curriculares  dentro del quehacer académico”.  También por los atrasos en la consulta estamentaria, uno de los pasos fundamentales para elegir rector de planta y que ha sido suspendidas en reiteradas ocasiones.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Así las cosas y cumpliendo con los procesos adelantados como autoridad, el secretario de Gobierno Municipal, Gonzalo Arzuza Torrado reiteró que desde ayer inició la Ley seca siendo una de las restricciones sugeridas por el Gobierno Nacional en una reunión con el comité de seguridad entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior.

Vehículos con transporte de mudanza y trasteo así como la prohibición de porte de arma se señalan en el Decreto emitido por la Alcaldía de Valledupar.

“La presidencia y los ministerios sugirieron se hiciera la restricción de motos, nosotros nos opusimos por orden del alcalde y por no afectar a los conductores; invitamos a todos a que marchen pacíficamente como ha sido en Valledupar”, explicó Arzuza.

ALERTA AMARILLA HOSPITALARIA

A través de un comunicado y resaltando la posibilidad de que durante el paro nacional anunciado para hoy 21 de noviembre, ocurran situaciones de alteración del orden público, la Secretaría de Salud Departamental, a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUED, declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria, a partir de las 6:00 p.m. de ayer hasta, hasta las 6:00 a.m. del próximo lunes 25 de noviembre.

El coordinador del CRUED Cesar, René Alejandro Urón Pinto, expresó que desde la cartera de Salud se solicitó a los hospitales, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, las instituciones prestadoras de salud privadas, así como a los secretarios de salud y referentes de Salud Pública municipales, la activación de planes de contingencia  institucionales y de los respectivos planes hospitalarios de emergencia.

Lo anterior, con el fin de generar una respuesta oportuna y eficiente en la atención de la población, ante posibles eventos relacionados con las manifestaciones programadas para el próximo jueves.

“Solicitamos a todos los prestadores públicos y privados, que garanticen el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de la red de ambulancias para el transporte seguro de personas que puedan resultar afectadas durante la jornada (…) que realicen la respectiva verificación y dotación de medicamentos, dispositivos médicos y gases medicinales, entre otros elementos, para evitar el desabastecimiento por posibles bloqueos en las vías (…) la atención de urgencias es de carácter obligatorio, y su prestación no requiere orden previa ni contrato”, afirmó el médico René Urón Pinto.

El funcionario indicó además la Secretaría de Salud Departamental prestará todo el apoyo necesario ante cualquier eventualidad, y que las mismas deben ser reportadas a través del CRUED, para efectos de coordinación de la red.

Urón solicitó respeto por los profesionales, bienes e infraestructuras hospitalarias, consagrado por el Derecho Internacional Humanitario: “nosotros esperamos que la jornada de protestas se realice de manera pacífica, con total normalidad y tranquilidad, pero como autoridades de Salud es nuestro deber estar listos para responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse, garantizando la atención debida de la población que pueda verse afectada como consecuencia de estos procesos, por lo que exigimos respeto por el emblema de la Misión Médica”.

Cerradas las fronteras

Desde ayer el país amaneció con sus fronteras terrestres y fluviales cerradas por orden del Gobierno Nacional, que pretende evitar la entrada de extranjeros que puedan alterar el orden público durante las manifestaciones del 21 de noviembre.

Desde las 0:00 horas del miércoles del 20 de noviembre y hasta las 5:00 horas del 22 de noviembre Colombia mantendrá sus fronteras cerradas. Así lo estableció el decreto 2087 de 201. Las medidas deben incluir los controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales fronterizos.

El documento faculta a los mandatarios locales para que con el fin de conservar el orden público en sus municipios puedan restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos, decretar el toque de queda, restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, pedir auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley.

También será deber de los alcaldes promover la seguridad y convivencia ciudadanas en coordinación  con las autoridades de Policía y la Fuerza Pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito durante las marchas.