‘Colombia está hoy en un altísimo riesgo electoral’
Casi el 30 por ciento del país en alerta roja para estas elecciones, 950 quejas por temas electorales y más de 700.000 inscripciones de cédulas anuladas por trasteo de votos es el panorama que alerta el procurador general, Fernando Carrillo, para los comicios del próximo 27 de octubre.
El procurador Carrillo aseguró que “la gente sabe quiénes son los candidatos que están siendo cuestionados y no debe dejarse llevar a caer en la trampa de votar por ellos”.
¿Qué papel está jugando la Procuraduría en esta campaña?
A la Procuraduría le corresponde ser garante de un voto limpio en Colombia, para que se combata la corrupción desde su causa, esto es, la compra de votos y de candidatos para apropiarse de la administración pública y de los contratos. Nuestro papel es hacer cumplir la ley y garantizar transparencia, así como evitar que los servidores públicos hagan campaña desequilibrando el terreno electoral. Colombia está en un altísimo riesgo electoral pues más de 315 municipios están en alerta roja, y hay que prender todas las alarmas para que los ciudadanos voten bien.
¿Cuántas denuncias hay de participación en política de funcionarios públicos?
Hemos recibido cerca de 950 quejas sobre temas electorales, de las cuales 350 tienen que ver con participación en política. Lo he dicho y lo reitero, servidor público que quiera hacer política que se retire del servicio público. Por eso, con toda contundencia seguiremos actuando en forma rápida y adoptando medidas cautelares; ya hoy son cerca de 22 servidores públicos suspendidos por esta práctica. Y la prohibición cubre a contratistas financiados con recursos públicos que participen en las campañas.
¿Qué ha pasado con los candidatos que se inscribieron estando inhabilitados?
La Procuraduría reportó más de 700 candidatos que se inscribieron estando inhabilitados y el Consejo Nacional Electoral procedió a la revocatoria de sus inscripciones. Seguimos actuando en la investigación y sanción de quienes tengan responsabilidades disciplinarias; nuestra labor no para por las elecciones.
Corresponde a los ciudadanos escrutar la trayectoria de los candidatos y estar alertas frente a aquellos que, pese a no tener inhabilidades a la fecha, están sometidos a procesos penales, disciplinarios o fiscales. La gente sabe quiénes están siendo cuestionados y no debe dejarse llevar a caer en la trampa de votar por ellos. No hay un mejor mecanismo para luchar contra la corrupción que votar contra los corruptos el día de las elecciones.
¿Podría haber algún castigo o sanción para quienes salgan elegidos y pierdan el cargo antes de la mitad del periodo?
Quienes en ello incurran deberán asumir la sanción penal, disciplinaria, fiscal o de pérdida de investidura que corresponda. Pero, adicionalmente, los partidos, movimientos o grupos que los avalaron pueden también ser acreedores de sanciones económicas.
En el caso de delitos de narcotráfico, electorales o de violación de derechos humanos tendrá que aplicarse la silla vacía. Es clave recordar que hoy existen 19 delitos electorales, que causan sanciones penales para quienes incurran, entre otras conductas, en trasteo de votos, omisión de reporte de gastos, elección con inhabilidad e incumplimiento de los topes de gastos de campaña.
En la última semana, generalmente, las campañas echan la casa por la ventana. ¿Habrá algún tipo de control sobre esos gastos?
La Procuraduría, con el Consejo Nacional Electoral, viene realizando inspecciones a las campañas para verificar que cumplan con las normas de reporte sobre ingresos y gastos.
No queremos campañas dilapidadoras, ruidosas ni ostentosas; esas son la fuente de la corrupción. En el Caribe dicen que “quien paga la fiesta pone la música”. Tenemos que impedir que quien paga la fiesta del día de las elecciones con dineros de las economías ilegales ponga la música escandalosa de la contratación como contraprestación al financiamiento de las campañas. Ese trueque de pesos, votos y contratos es el gran pecado original de la corrupción en Colombia.
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Para nadie es un secreto que los topes electorales generalmente son superados. ¿Qué se puede hacer?
Vigilar y sancionar a quienes no cumplan con los topes de financiación. Hoy tienen que saber los partidos y responsables del manejo gerencial de las campañas que este comportamiento, y hay que decir hasta el cansancio, además de contravención administrativa, es un delito que genera cárcel.
Hasta ahora son muchos los candidatos que no han reportado sus cuentas, ¿se puede hacer algo?
De los 117.000 candidatos para las elecciones del 27 de octubre, menos del 10 por ciento están registrando sus ingresos y gastos en el aplicativo denominado ‘Cuentas Claras’. Estamos visitando las campañas, exigiendo el cumplimiento de las normas y vamos a requerir que se apliquen las sanciones. Y los ciudadanos, por ejemplo, pueden denunciar vía una aplicación en los teléfonos celulares llamada Estas Pillao irregularidades en publicidad exterior.(Con información de El Tiempo)