Diario del Cesar
Defiende la región

El ´caballito´ de las regalías

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Los ajustes al sistema nacional de regalías no son fáciles. Requieren la aplicación atinada de los principios de eficiencia y equidad. No solo por tratarse de presupuestos billonarios de los cuales dependen muchos departamentos y municipios para adelantar sus principales programas de inversión social, sino porque el pulso entre regiones productoras y no productoras de recursos naturales no renovables en torno a la distribución de los dineros siempre está a la orden del día.

Por lo mismo, llama la atención que el proyecto de acto legislativo presentado meses atrás por el Gobierno y un grupo de parlamentarios para reformar el sistema haya podido avanzar de forma rápida en las comisiones primeras y plenarias de Senado y Cámara, al punto que logró surtir sus primeros cuatro debates y quedó listo para los restantes de la segunda vuelta, el próximo semestre.

El articulado cumple con la promesa gubernamental de aumentar las asignaciones presupuestales a las regiones productoras de petróleo, carbón, oro y otros recursos naturales no renovables, sin que ello implique recortar los presupuestos de las zonas que no cuentan con la fortuna de tener estos yacimientos. Es decir que se mantiene la filosofía de la última reforma al sistema en el sentido de que, como lo dijera un Ministro de Hacienda -en una expresión que luego se desfiguró y terminó asociada a la repartija politiquera y burocrática- la “mermelada” de las regalías se continúa “untando” por toda la “tostada”, o sea el país.

Este es un elemento clave de la iniciativa por cuanto para nadie es un secreto que la mayor amenaza a los presupuestos de regalías proviene de las redes de corrupción y politiquería que se han adueñado de estos recursos en muchos departamentos y municipios. Si bien es cierto que se han aplicado sucesivas reformas e introducido múltiples controles a la inversión de estos dineros, tanto en la escogencia de los proyectos a financiar como en su contratación y ejecución, los recurrentes informes de entes de control como la Contraloría y Procuraduría, así como las investigaciones de la Fiscalía y los propios estudios del  Departamento Nacional de Planeación evidencian que todavía persiste este flagelo.

Por lo mismo uno de los avances que se considera trascendentales en esta nueva reforma es la condición de que esos presupuestos adicionales para las entidades territoriales productoras saldrán de la asignación de ahorro y funcionamiento del propio sistema. En otras palabras, son réditos por la mayor eficiencia en el manejo e inversión de estas partidas billonarias. Ello solo es posible si se ataca de forma drástica y eficaz cualquier asomo de corrupción o desgreño administrativo.

Aunque en los debates hubo mucha resistencia de las bancadas de algunos departamentos, sobre todo de los no productores, al final se logró avanzar en acuerdos para que quedara claro que no habría recortes presupuestales a estas zonas. De igual manera, en la asignación de más recursos se dio prioridad a inversiones en materia de protección del medio ambiente, lucha contra la deforestación y la erosión costera, así como para los municipios productores menos desarrollados o ubicados en zonas portuarias.

Tan importante como lo anterior es el rediseño que se está planteando a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que son el corazón del sistema, toda vez que allí se evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los programas y proyectos que serán financiados con las regalías. Aunque se han implementado distintas reformas a estas instancias, son procedentes más ajustes, sobre todo porque se está creando un cuello de botella allí que lleva a que millonarios presupuestos se encuentren congelados en los bancos pese a las ingentes necesidades de las comunidades más vulnerables. Lo importante, en todo caso, es que cualquier modificación no debilite los mecanismos de vigilancia ni control, como tampoco dé pie a que se terminen financiando obras y proyectos de dudosa utilidad o, peor aún, blanco de las redes que esquilman estos dineros oficiales.

Habrá que esperar qué pasa en la segunda vuelta, pero hasta el momento se podría decir que la reforma va bien encaminada. El Gobierno y el Congreso se comprometieron a no generar desbalances o afectaciones a ninguna región, sea o no productora de recursos naturales no renovables. Por ahora, al menos en el espíritu y articulado de la iniciativa, parece que esos dos principios de que se habló al comienzo, eficiencia y equidad, se aplican de manera adecuada. El reto es que en el trámite legislativo del segundo semestre se mantenga ese equilibrio.